Entre los delitos que se les acusa son delitos de sedición, sabotaje, robo con fuerza y violencia, atentado, desacato y desórdenes públicos
La Fiscalía General de Cuba ha elevado a 381 las personas sancionadas por la presunta comisión de delitos en el marco de las protestas opositoras de julio de 2021. Entre ellas figuran 76 casos con sentencia ya en firme, si bien la disidencia sostiene que la cifra real es mayor.
La Fiscalía ha actualizado en un comunicado los datos sobre las consecuencias penales de unos hechos que «atentaron contra el orden constitucional y la estabilidad de nuestro Estado socialista», en alusión a las mayores protestas opositoras de la historia reciente en la isla.
Las sentencias contemplan principalmente «delitos de sedición; sabotaje; robo con fuerza y violencia; atentado; desacato y desórdenes públicos«, según la Fiscalía, que identifica como adolescentes a 16 de las 381 personas «sancionadas» durante estos procesos.
Se ha impuesto sanciones de privación de libertad a 297 acusados
Las autoridades judiciales han impuesto sanciones privativas de la libertad a 297 de los acusados, «atendiendo a la gravedad y circunstancias en que ocurrieron los hechos y a la conducta personal». Para 36 de los acusados, condenados por sedición, se han dictado penas de entre cinco y 25 años de prisión.
La Fiscalía ha defendido en su nota que, al margen de los castigos en sí, las penas también tienen «fines educativos, coercitivos y preventivos», así como «el reforzamiento de los valores, la rectificación de la conducta de los sancionados y su reinserción social».
La ONG Prisoners Defenders, crítica con el Gobierno de Miguel Díaz-Canel, ha acusado a las autoridades de la isla de «tergiversar» los datos, ya que echa en falta a «cientos de condenados» por los hechos del 11 de julio que están «languideciendo en prisión». «Ocultan la verdad, ya no engañan a nadie», ha remachado en Twitter.
La organización estimó en un informe reciente que unas 900 personas permanecen recluidas en cárceles de Cuba por dichas protestas, mientras que en el último año habrían pasado por las cárceles del país unas 1.236 «presos políticos».
