La querella contra el presidente de la COAG se extiende también a su hija, al marido de ésta, el secretario de la COAG y una trabajadora social de Oportunidades de Vida
La Fiscalía de Extranjería ha presentado una querella contra el presidente de la Coordinadora de Organizaciones Agrícolas y Ganaderas (COAG) de Canarias, Rafael Hernández, por presuntos delitos de trata de personas en concurso con explotación laboral de menores migrantes y falsedad documental.
Según ha avanzado este lunes Canarias 7 y han confirmado a EFE fuentes de la Fiscalía, la querella también se dirige contra la hija de Rafael Hernández, su marido, el secretario de la COAG, Manuel Redondo, y una trabajadora social de la asociación Oportunidades de Vida.
Además, la querella se interpone también contra las personas jurídicas Oportunidades de Vida y la empresa Sociedad Agrícola de Transformación, Agrocanarias, propiedad de Rafael Hernández.
Diez menores trabajando en una finca
La Policía de Extranjería e Inspección de Trabajo se personaron el pasado 20 de junio de 2023 en una finca del presidente de la COAG, donde hallaron a diez menores trabajando, lo que concluyó en un expediente sancionador que se suspendió cautelarmente con motivo de la investigación penal contra Hernández, a raíz de una denuncia anónima.
Los chicos supuestamente objeto de explotación eran menores tutelados por el Gobierno de Canarias y se alojaban en el centro Tagoror de Gran Canaria, dirigido por Elisa Hernández, si bien el citado establecimiento pertenece a la ONG Oportunidades de Vida, que preside Rafael Hernández.
La denuncia anónima más otra presentada por un extrabajador de la organización Oportunidades dieron lugar a la investigación llevada a cabo por la Fiscalía.
El yerno de Rafael Hernández era el encargado de la finca donde supuestamente trabajaban de forma irregular los menores inmigrantes, que presuntamente asistían a unos cursos de formación en labores agrarias.
Cuando acudieron a declarar ante la Fiscalía, con motivo de la investigación abierta, los querellados se acogieron a su derecho a no declarar.
Tras conocerse estos hechos, Hernández, que ejercía como pastor de la Iglesia Evangélica Bautista El Fondillo, fue expulsado del Consejo Evangélico Canario.
