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26 septiembre 2021 3:08 pm

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La Ley de Memoria Democrática equipara la legislación española con las del resto de Europa

La nueva norma obliga al Estado a acometer las labores para la recuperación de los restos de los desaparecidos o la extinción de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos para resignificar el enclave

Informa: Helena Díez

El Consejo de Ministros ha aprobado la Ley de Memoria Democrática, una nueva norma que sitúa a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura como eje de la «acción política» del Gobierno. Según el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, la propuesta homologa la legislación española al del resto de países europeos.

Bolaños ha puesto énfasis en que la nueva ley, heredera de la Ley de Memoria Histórica de 2007, cumple con los cuatro principios fundamentales que postulan los organismos internacionales: verdad, justicia, reparación y deber de memoria.

Para ello, contempla un amplio catálogo de medidas ya recogidas en el anteproyecto que recibió el visto bueno del Ejecutivo el 15 de septiembre y que «ha mejorado» tras recoger sugerencias procedentes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), del Consejo Fiscal y del movimiento memorialista.

Ha citado el ministro las más significativas, entre ellas la obligación del Estado de acometer las labores para la recuperación de los restos de los desaparecidos, la extinción de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos para resignificar el enclave o la creación de una Fiscalía de Sala en el Tribunal Supremo para investigar los crímenes del franquismo.

No afecta a la retroactividad de las normas penales

La activación de esta Fiscalía no quita las limitaciones que siguen vigentes respecto a la no retroactividad de las normas penales.

Además, las pesquisas de la Fiscalía permitirán, en su caso, determinar la autoría de algunos crímenes del franquismo, lo que permitirá en ciertos casos determinar la identidad de los responsables, que dado el tiempo transcurrido ya habrán fallecido, por lo que en ese punto concluirá la investigación, ha señalado.

Incluso ha asegurado que el Ejecutivo buscará la «unanimidad» porque entiende que «nadie» puede oponerse a que los familiares de las víctimas recuperen los restos de sus allegados.

Sobre la posible disolución de la Fundación Francisco Franco como entidad dedicada a la apología del franquismo, Félix Bolaños ha afirmado que no será «inmediata».

También ha recordado que el proyecto impide que pueda haber enterramientos en lugares preeminentes de la Basílica del Valle de los Caídos, algo que, tras la exhumación de Francisco Franco, afecta ahora a los restos del que fue fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera, que también tendrán que ser retirados.

Eso sí, ha asegurado que cuando se emprenda su traslado el Gobierno procurará hacerlo «de manera pactada» con los familiares.

No ha querido aventurar el ministro todavía en qué consistirá el proceso de «resignificación» del Valle de los Caídos, a la espera del proyecto que se acometa con el marco legal que se activará al amparo de la ley, sin especificar si se atenderán las demandas más extremas, como la voladura de la enorme cruz que preside el enclave.

El Gobierno prevé recuperar entre 20.000 y 25.000 cadáveres de desaparecidos

El “plan de choque” para identificar y exhumar las fosas comunes de víctimas de la Guerra Civil por toda España ya ha comenzado los trabajos en un total de 304 fosas, han asegurado este martes fuentes del Gobierno.

A día de hoy el plan de choque ya ha exhumado 114 fosas y ha permitido poner en marcha los proyectos de exhumación de otras 190 por toda España, lo que supone más de la mitad de las 557 fosas prevista por el plan de choque de 2020-2024.

El plan cuenta con el 60 por ciento del presupuesto total de 11,6 millones de euros de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y ha supuesto ya una partida de 3 millones de euros a las Comunidades Autónomas y de 1 millón a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para los Ayuntamientos.

Según cálculos del Ejecutivo, este proyecto permitirá recuperar entre 20.000 y 25.000 cadáveres de desaparecidos durante la contienda. 

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