El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley del docente con medidas que comenzarán a aplicarse ya el próximo curso, aunque aún queda su trámite parlamentario
El Gobierno ha aprobado el proyecto de ley que bajará el número máximo de alumnos por clase y reducirá la jornada del docente de Primaria y Secundaria, en el marco de un calendario que empezaría aplicarse el próximo curso, aunque la norma debe superar antes su trámite parlamentario.
El Consejo de Ministros ha aprobado en segunda vuelta esta ley que propuso hace casi seis meses la exministra de Educación Pilar Alegría y que la nueva titular del Ministerio, Milagros Tolón, retomó a final de año.
El proyecto de ley contempla un máximo de 22 estudiantes por aula en Educación Primaria y de 25 en Secundaria (frente a los 25 y 30 actuales) y rebaja la jornada docente hasta un tope de 23 horas semanales en Infantil, Primaria y Educación Especial y de 18 en Secundaria y Bachillerato.
El alumnado con necesidades educativas especiales (NEEs) contará como doble plaza en los centros sostenidos con fondos públicos.
Estas dos últimos criterios empezarían a aplicarse en el curso 2026-2027 y la mayoría de comunidades gobernadas por el PP han pedido más tiempo para su implantación.
Nuevas ratios
En cuanto a las nuevas ratios, comenzarían a implantarse de forma progresiva: en el curso 2027-2028 en Infantil y Primaria; en 2028-2029 en Secundaria; y en 2029-2030 en Bachillerato, alcanzando su plena aplicación en el curso 2031-2032.
Con este proyecto de ley, el Ministerio fija una número máximo legal de horas para garantizar la homogeneidad en todo el territorio nacional.
«Dijimos que esta iba a ser la legislatura del profesorado y hoy verán que lo estamos cumpliendo», ha recalcado Tolón durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha insistido en que se mejoran condiciones de los docentes se mejora también la educación del país.
No obstante, el proyecto de ley elaborado por el Ministerio deberá pasar por el Congreso y por el Senado en una tramitación parlamentaria en la que los grupos políticos prevén presentar enmiendas. A ello se suma, que el calendario de sesiones plenarias ordinarias finaliza en junio, lo que complica que algunos criterios se apliquen al inicio del curso que viene.
La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha recalcado que la norma ha sido consensuada con los sindicatos docentes y aprobada por unanimidad por el pleno del Consejo Escolar del Estado (CEE) por lo que «no es una decisión unilateral», y ha confiado en que las Cortes Generales sepan «estar a la altura».
No obstante, la mayoría de la comunidad educativa reclama que también cuente como doble plaza cualquier estudiante con necesidad o vulnerabilidad, en tanto que el Consejo Escolar ha reclamado que la reducción de jornada docente se aplique al profesorado de la enseñanza concertada.
Índice de vulnerabilidad socioeconómica y memoria económica
En este sentido, el proyecto contempla la elaboración de un índice de vulnerabilidad socioeconómica que sirva para identificar aquellos centros que, por diferentes circunstancias, como el tipo de alumnado o la ubicación, presenten una situación de especial complejidad.
Tolón ha recordado que con la nueva ley «se ajustará mejor la realidad de las aulas y habrá una atención más justa y personalizada».
Las consejerías gobernadas por el PP y alguna otra como la del País Vasco han pedido una memoria económica ya que consideran que la reducción de la jornada docente, que debería empezar el próximo curso, será costosa.
La ministra ha añadido que esta ley es una apuesta por dar más tiempo al profesorado para preparar mejor sus clases, para atender a su alumnado «y para desarrollar su trabajo en condiciones dignas».
«Mejorará la calidad de la docencia. Revierte los recortes de 2012 y garantiza un tratamiento homogéneo en todo el territorio nacional», ha incidido
