Los agentes proponen 20 sanciones tras inspeccionar varios dispositivos de tipo B en distintos establecimientos de Tenerife
La Unidad de Vigilancia e Inspección Administrativa del Cuerpo General de la Policía Canaria ha concluido recientemente un plan específico de inspección y control sobre las máquinas recreativas de juego de tipo B. El operativo, desplegado en diversos municipios de la isla de Tenerife, ha finalizado con la redacción de 20 propuestas de sanción por diversas irregularidades.
Los efectivos policiales detectaron las principales infracciones en el mal emplazamiento de las máquinas dentro de los locales comerciales. Asimismo, los agentes registraron la falta de trámites administrativos obligatorios ante el organismo competente. También, la ausencia del libro de reclamaciones exigido por la ley en materia de juego.
Irregularidades y precintos técnicos
Durante el desarrollo de las inspecciones, la Policía Canaria procedió al precinto de una máquina recreativa. Los agentes tomaron esta medida tras hallar indicios claros de manipulación en los elementos identificativos del dispositivo, lo que supone una vulneración grave de la transparencia y el control del sistema.
El cuerpo autonómico diseñó esta actuación para verificar que los negocios cumplen estrictamente con la normativa canaria de juego. Por ello, los agentes supervisaron la presencia de la cartelería obligatoria y la vigencia de las autorizaciones y permisos que deben ostentar los operadores de estas máquinas.
Protección de colectivos vulnerables
El control también puso el foco en la supervisión de posibles actividades ilícitas, como la alteración de mecanismos internos. Estas manipulaciones pueden afectar directamente al legítimo funcionamiento del aparato y al control de los premios que reciben las personas usuarias, perjudicando la transparencia del sector.
Con estas intervenciones, el Cuerpo General de la Policía Canaria busca promover un entorno de juego responsable y seguro. Los mandos policiales subrayan que estas medidas adquieren una importancia crítica en la protección de los menores de edad, quienes representan una población especialmente vulnerable ante la exposición a estos dispositivos y sus posibles efectos negativos.
