Los beneficiarios en el Valle de Aridane de este suplemento aprobado en el Consejo de Gobierno este jueves asciende a unas 900 personas
El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este jueves un decreto ley que incluye un suplemento para las personas perceptoras de la Prestación Canaria de Inserción (PCI) en los tres municipios del Valle de Aridane, los más afectados por el volcán de La Palma: El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte.
La consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, ha detallado, tras la reunión del Consejo de Gobierno, que son aproximadamente unas 900 personas las que recibirán en la próxima nómina una cuantía equivalente a lo que vienen cobrando habitualmente a través de la PCI.
Este decreto ley también prevé el pago a finales de año, en torno al 22 de diciembre, de un complemento de 250 euros de las pensiones no contributivas y de la PCI, del Fondo de Asistencia Social y del subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos para paliar los efectos sociales derivados de la COVID-19. Esta nueva medida beneficiará a unas 50.000 personas.
Ampliación temporal de la PCI
Además, establece que los beneficiarios de la PCI que hayan agotado el límite máximo de dos años puedan volver a solicitarla sin ningún tipo de requisito, como por ejemplo las familias con menores a cargo.
El límite temporal en la percepción de esta renta lo marcará que la persona siga o no en situación de vulnerabilidad, ha enfatizado Noemí Santana. En estos momentos hay unos 9.300 beneficiarios en todo el archipiélago.
El decreto ley aprobado en Consejo de Gobierno incluye medidas específicas sobre la emergencia volcánica en La Palma que competen a Derechos Sociales, como la simplificación en la tramitación de ayudas a personas dependientes o con discapacidad.
Pero también atañen a otros departamentos, los de Obras Públicas y Vivienda y de Agricultura.
En el primero de los casos, habilita un nuevo uso del suelo que cedan los ayuntamientos para la instalación de casas prefabricadas para las familias cuyo hogar ha arrasado la lava por un límite no superior a los 7 años. Transcurrido ese tiempo volverán a tener el uso actual.
Además, se dispone que son los ayuntamientos los encargados de urbanizar estos espacios y dotarlos de saneamiento y suministros.
En el segundo, se refiere a la solicitud de ayudas para el sector primario, concretamente para los productores de plátanos, se realizará a través de las seis cooperativas existentes en La Palma.
La estimación del Gobierno de Canarias es que hay en torno a 5.000 agricultores afectados.
