Ante la próxima aprobación de la Ley de Vivienda que incluye restricciones a la vivienda vacacional, los afectados denuncian que la medida eliminará esta actividad para los particulares
El Gobierno de Canarias prevé aprobar este miércoles en el pleno del Parlamento autonómico, la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de la Vivienda, una norma que, según la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (ASCAV), supondrá «la práctica erradicación de la vivienda vacacional en manos de miles de propietarios particulares en el archipiélago».
Imposible cumplir con el requisito de «Actividades Clasificadas»
ASCAV advierte de que el «talón de Aquiles» de la norma es la imposibilidad de cumplir con el requisito municipal de Actividades Clasificadas. Explican que la Ley de 2011 sobre estas actividades clasificadas, no contemplaba la figura de la vivienda vacacional, aprobada posteriormente en el Decreto 113/2015.
La asociación lamenta que, pese a sus reiteradas solicitudes para modificar la Ley de Actividades Clasificadas, el Gobierno regional, con el apoyo de CC y PP, pretende aprobar la norma «sin consenso«. Piden que escuchen a «la única asociación que representa al sector, la patronal empresarial de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, los profesionales, los partidos de la oposición y las familias canarias dedicadas a la vivienda vacacional».
Para ASCAV, el Ejecutivo «demoniza» la vivienda vacacional en Canarias. Mientras, señalan que, a nivel estatal, ensalza sus beneficios en la Declaración de Sevilla. Fue firmada recientemente por trece comunidades autónomas, entre ellas Canarias.
Causas de la crisis de la vivienda
En ese documento se afirma que la crisis de acceso a la vivienda «es un problema estructural ajeno al turismo». También que las viviendas de uso turístico «contribuyen a la revitalización de los centros urbanos y complementan la oferta«.
La asociación sostiene que informes del Colegio de Economistas de Las Palmas, del Consejo Económico y Social y de juristas respaldan su posición. Aseguran que, de aprobarse la ley sin cambios, las consecuencias serían «catastróficas» para miles de familias propietarias y empresas gestoras.
ASCAV sostiene que el 67 % de las viviendas vacacionales «nunca fueron ni se convertirán en alquileres residenciales». Indican que se ubican en complejos turísticos residencializados. También acusa al Gobierno de no poner en el mercado las más de 211.000 viviendas vacías que existen en Canarias.
La organización recuerda que un proyecto público dotado con más de ocho millones de euros para captar vivienda asequible solo consiguió un inmueble. Considera que la ley «solo puede responder a los intereses de grandes tenedores y fondos de inversión».
Por todo ello, la asociación solicita al Gobierno que, en el último momento, «muestre sensibilidad con el devenir de miles de familias y empresas» que gestionan viviendas vacacionales. Advierte de que, en caso contrario, el sector desaparecerá, con un impacto económico negativo superior a 2.000 millones de euros anuales y una reducción en la recaudación por IGIC e IRPF.
