El texto -diseñado por la Federación Plataforma Trans– despatologiza la transexualidad y regula la autodeterminación del género
La autodeterminación de género, que una persona pueda cambiar su sexo en el Registro solo con la declaración expresa de su voluntad, es el aspecto que genera más desacuerdo
El Congreso de los Diputados votará este martes si admite a trámite la proposición de ley trans registrada por ERC, JxCat, Más País, Compromís, la CUP y Nueva Canarias, un texto similar al borrador elaborado por el Ministerio de Igualdad que se encuentra bloqueado por diferencias en el seno del Gobierno.
Será la postura del PSOE la clave para decantar la balanza y que la Cámara Baja comience a estudiar un texto -diseñado por la Federación Plataforma Trans– que despatologiza la transexualidad y regula la autodeterminación del género, permitiendo el cambio de sexo registral sin necesidad de informe ni tratamiento médico.
En una declaración institucional con motivo del Día Internacional contra la homofobia, la transfobia y la bifobia, que se conmemora este lunes, el Gobierno se comprometió la semana pasada a impulsar un «paquete legislativo» que reconocerá que las personas trans no sufren ninguna patología, como ya hizo la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Sexo no binario
La iniciativa presentada por ERC y el Grupo Plural añade la propuesta de una tercera casilla para el sexo no binario -para aquellas personas que no se sienten ni hombre ni mujer-, el derecho a no exigir requisitos para las personas trans migrantes y la obligación de que el Estado se haga cargo de las reparación de los daños producidos a personas trans que viven en la extrema pobreza.
La autodeterminación del género, que una persona pueda cambiar su sexo en el Registro Civil solo con la declaración expresa de su voluntad, es el aspecto sobre el que ha puesto más reparos la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, iniciando una negociación con la ministra de Igualdad, Irene Montero, que mantiene la ley paralizada.
El PSOE tendrá que pronunciarse abiertamente en el Congreso sobre esta cuestión y su intención es anunciar el sentido de su voto este martes. Por su parte, fuentes de Unidas Podemos han indicado a Efe que el grupo votará a favor de la toma en consideración de la iniciativa ya que es muy similar al anteproyecto de Igualdad.
Igualdad
En opinión de la presidenta de la Federación Plataforma Trans, Mar Cambrollé, esta ley es la última asignatura pendiente que la democracia tiene para cruzar la frontera de la igualdad, mejorará la calidad de vida de las personas trans y las protegerá de la violencia y la discriminación.
Cambrollé, en declaraciones a Efe, incide en que los socialistas tienen en sus manos «una gran responsabilidad»: «A las puertas del mes del Orgullo sería muy indecente que el PSOE no volviera al camino correcto, ya que siempre ha estado a favor de los derechos LGTBI, y se colocara en el mismo lugar que la ultraderecha».
Desde la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) celebran cualquier iniciativa en pro de las personas trans, cualquier ampliación de derechos para este colectivo, como explica su presidenta, Uge Sangil.
Diferencias en el seno del ejecutivo
El Ministerio de Igualdad tenía listos en febrero un borrador de ley trans y otro de igualdad LGTBI, pero no han llegado todavía a la mesa del Consejo de Ministros por la falta de acuerdo con la Vicepresidencia Primera del Gobierno.
Tras meses de parálisis, Irene Montero aceptó fusionar en una única ley los dos textos para desbloquear las negociaciones, una petición de los colectivos LGTB, que solicitaron también a los socialistas que apoyaran la autodeterminación del género.
Desde la Moncloa se insiste en que la legislación debe cumplir con la Constitución y dar garantías jurídicas para que ningún colectivo pueda ver frustrados sus derechos en caso de que la ley sea recurrida ante el Tribunal Constitucional, algo previsible.
La pasada semana, Carmen Calvo dio la bienvenida a la proposición de ley que se debate este martes y reiteró en el Congreso que el Gobierno tendrá «relativamente pronto» la legislación para los colectivos LGTBI «en el marco del ordenamiento constitucional», con seguridad jurídica y calidad normativa.
