El grupo empresarial asegura tener todos los permisos en regla para sus diferentes proyectos y lamenta enterarse de las acusaciones a través de los medios
El grupo Lopesan defendió este sábado sus actuaciones en el barranco de Veneguera. La empresa emitió un comunicado tras conocer una denuncia del Cabildo por supuestos daños arqueológicos. Lopesan confía en demostrar los beneficios ambientales de todos estos proyectos ejecutados.
La polémica surge por las obras ejecutadas en la finca agrícola del sur grancanario. Por consiguiente, la entidad muestra su absoluta disposición para colaborar con las administraciones públicas. Asimismo, confía en el rigor técnico y jurídico para analizar cada expediente detalladamente.
Permisos y autorizaciones
La empresa aclara que los diferentes proyectos tienen finalidades muy distintas. En consecuencia, cada actuación cuenta con sus propios permisos administrativos y títulos habilitantes. Así, niegan que el Cabildo pueda evaluar estos trabajos como una única obra conjunta.
Por un lado, el plan del frente costero busca recuperar un importante espacio degradado. También pretende reparar los daños ocasionados por la borrasca Therese en toda la zona. Para ello, el Gobierno de Canarias otorgó la autorización expresa a través de Costas.
Por otro lado, la construcción de puentes en el camino interior mejora la seguridad. Estas estructuras favorecen el comportamiento hidráulico del barranco durante los episodios de fuertes lluvias. Igualmente, el Ayuntamiento de Mogán y el Consejo Insular de Aguas aprobaron estas licencias.
Defensa frente a las acusaciones
Sin embargo, el Cabildo denuncia la alteración de cinco yacimientos arqueológicos en Veneguera. La corporación insular alerta sobre la pérdida irreparable y daños muy graves al patrimonio. En concreto, mencionan la desaparición casi total del yacimiento de Lomo de Los Gatos.
Frente a esto, el Grupo Lopesan lamenta conocer esta denuncia directamente por la prensa. De hecho, la empresa asegura no tener ninguna notificación oficial sobre estos nuevos procedimientos. Por tanto, reclaman su legítimo derecho de audiencia y defensa ante las instituciones correspondientes.
Finalmente, la compañía considera improcedente trasladar estas conclusiones iniciales a la opinión pública. Primero, exigen resoluciones firmes y conocer formalmente el contenido exacto de los expedientes. Después, aportarán toda la documentación técnica necesaria para esclarecer los hechos por completo.
