El Defensor del Pueblo considera que las condiciones del nuevo centro de atención temporal de extranjeros (CATE) de Barranco Seco, en Las Palmas de Gran Canaria, no son adecuadas y advierte de que los inmigrantes son retenidos en él por un tiempo que excede «con creces» el máximo de 72 horas establecido.
Francisco Fernández Marugán hace estas consideraciones en una primera respuesta a la queja interpuesta en nombre del Secretariado de Migraciones de la Diócesis de Canaria por el abogado Daniel Arencibia, que se centraba precisamente en esos dos aspectos.
En su respuesta refiere que los tiempos de detención son superiores a tres días y que las condiciones del centro, a su juicio, pueden incurrir en «trato degradante», entre las que cita la falta de duchas, escasa ropa de abrigo, suelo embarrado, comida fría de forma constante y alojamiento en «carpas precarias».
El Defensor del Pueblo intentó visitar personalmente en noviembre el campamento del muelle de Arguineguín, pero se vio obligado a suspender su viaje a Canarias para guardar cuarentena tras dar positivo en covid-19 uno de sus colaboradores. El CATE de Barranco Seco sí lo conoce de forma directa, lo recorrió el 17 de diciembre.
El campamento de Arguineguín, que fue bautizado como el «muelle de la vergüenza», ya no existe. El Ministerio del Interior lo cerró el 30 de noviembre tras recibir un requerimiento del propio Fernández Marugán, en el que se alertaba de una serie de vulneraciones de los derechos de los inmigrantes en ese campamento provisional que, a juicio de las ONG, se repiten ahora en Barranco Seco.
En su contestación al letrado de la Diócesis, el Defensor no expresa una opinión taxativa sobre el CATE, porque ha pedido más información a la Delegación del Gobierno en Canarias, si bien hace constar que no está conforme ni con lo que vio ni con lo que relatan las quejas.
Dice, por ejemplo, que la información que le dieron en su momento de que el alojamiento en tiendas de campaña se sustituiría de forma paulatina por «instalaciones más sólidas» no se ha cumplido, lo que ha agravado las consecuencias de la llegada del mal tiempo, subraya.
«Las inclemencias climatológicas y el alto número de llegadas han provocado un deterioro notable de las condiciones de vida que han de soportar las personas tras una dura travesía, en un contexto de emergencia sanitaria como el actual. La inadecuación de las instalaciones la han de padecer también los funcionarios de Policía que se encargan de la custodia de estas personas», expone.
Pero, además, incide en que, como pasaba en Arguineguín, de nuevo en Barranco Seco se detiene a los inmigrantes durante más tiempo que las 72 horas que la ley fija como límite antes de que se les ponga en libertad, ya que no han cometido delito alguno, o se les entregue a un juez para que ordene su ingreso en un CIE y su deportación inmediata (proceso que debe completarse en no más de 60 días).
