Los tres grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria (PP, CC y Ciudadanos) solicitan un pleno extraordinario para que el equipo de gobierno dé explicaciones sobre la deuda de 72 millones de euros que acumula con sus proveedores.
La portavoz del Partido Popular, Pepa Luzardo, ha detallado en rueda de prensa que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria «debe 72 millones de euros en pagos a empresas, pymes y autónomos» en facturas que «están en el cajón».
A fecha de 31 de diciembre se debían 83. Esto supone que en cinco meses apenas se ha pagado algo más de dos millones al mes en esta materia, ha desglosado.
La oposición busca «sacarle los colores» al grupo de gobierno (PSOE, Podemos y NC) ante esta situación y pedir que tramite con reconocimiento extrajudicial de crédito los 72 millones de euros «y pague lo antes posible» a los proveedores.
Dicen que hay facturas hasta de 2016
El Partido Popular apunta a que «no es verdad que el Ayuntamiento tenga deuda cero. Tiene 72 millones de euros» y está pagando a «242 días, cuando la ley establece 30 días». Incluso en el caso de la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística (Geursa) a «568 días, lo que es un disparate».
Luzardo ha recordado que a cada pleno se debe presentar el listado de deuda a proveedores del trimestre y «lo normal es que entre noviembre y diciembre se metan en la cuenta 413 las facturas que no se han podido pagar». En el caso de este Ayuntamiento «hay facturas hasta de 2016».
Ha señalado que «hay contratos vencidos y en nulidad y la tramitación es más latosa». Pero se trata «de un problema de gestión» ya que el alcalde, Augusto Hidalgo (PSOE), «está en huida» y dejará su cargo para presentarse a las elecciones al Cabildo de Gran Canaria.
«No se entiende esta deuda con 320 millones de euros en los bancos y con un Ayuntamiento que tiene liquidez», ha advertido.
El pleno, pendiente de fecha
Luzardo espera que «se ejecute este pago en dos o tres meses» porque «esto nos cuesta dinero» y a un ritmo de dos millones de euros al mes «podemos vernos el próximo año de nuevo con 80 millones de deuda» a pequeños y grandes proveedores.
El pleno está aceptado pero está pendiente de fijarse la fecha, ha apuntado.
El portavoz de Coalición Canaria, Francis Candil, ha señalado que, aunque el alcalde Hidalgo lo quiera «ocultar», ya el Ministerio de Hacienda «tuvo que intervenir porque no quedó más remedio que adelantar el pago a algunos proveedores».
Con este pleno extraordinario los grupos solicitan un plan de choque que pueda pagar a empresas y autónomos y «tomar las medidas pertinentes para corregir esta situación». «No parece normal» que con 320 millones en el banco y remanentes el Ayuntamiento «se haya convertido en uno de los peores de España en el pago de facturas», algo que Candil entiende como «una manera de castigar a la economía de la ciudad».
Aseguran que pagan «tarde y mal»
Mientras el Gobierno de España está «tomando medidas extraordinarias para ayudar a superar la crisis» este Ayuntamiento «trata de esconder una forma de maltrato a empresas y autónomos», pagando «tarde y mal».
Esta demora de pagos tiene «consecuencias y un coste inmediato» para el Consistorio en intereses de demora. Y para las empresas que «se ven obligadas a pedir créditos a los bancos para el mantenimiento de sus negocios».
Candil denuncia que, tras casi ocho años de gobierno» del tripartito «no se haya solucionado la situación». Considera un «síntoma de agotamiento del grupo de gobierno», al que ve «incapaz» de resolver una de las situaciones «más sangrantes» de este Consistorio.
Defienden un plan de choque
La portavoz de Ciudadanos, Lidia Cáceres, ha defendido la necesidad de un plan de choque en el pago a proveedores y también «la importancia de resolver los contratos en nulidad». Esta situación está «ahogando» a las empresas y autónomos de la ciudad.
A su juicio, es «una falta total de gestión». Las Palmas de Gran Canaria es el Ayuntamiento que «más tarda en pagar en toda Canarias» y el tercero «más moroso» de España, de acuerdo a un estudio del Ministerio de Hacienda.
Con esta tardanza, las empresas, pymes y autónomos «no quieren trabajar con este Ayuntamiento» y solo «pueden trabajar las empresas con músculo financiero».
Han existido «sanciones directas, con las que pensamos que el Ayuntamiento se pondría las pilas, pero no ha sido así», lamenta Cáceres. Se está «dilapidando dinero público» porque «se pagan muchos millones en intereses de demora».
En opinión de la portavoz de la formación naranja, «la administración tiene que colaborar en la creación de puestos de trabajo y reactivación económica» pero este Ayuntamiento «está haciendo lo contrario».
