Los acusados engañaron presuntamente a 22 empresas del sector de congelados
La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife atribuye los delitos de falsedad documental y estafa a dos empresarios. Los acusados habrían engañado a 22 empresas en el ámbito nacional por valor de 752.500 euros y piden cinco y siete años de cárcel.
Las penas de multa llegarían al doble de la cantidad total defraudada a las empresas del sector de congelados. Un millón y medio de euros sería la cantidad total y se pide también la disolución de todas las sociedades fraudulentas.
Uno de los procesados ya había sido condenado
Uno de los procesados, que ya había sido condenado por apropiación indebida, se trasladó a la isla para emprender varios negocios que la Fiscalía considera “fraudulentos”. Para ello, contactó con el otro acusado y alquilaron una oficina, contrataron varias líneas telefónicas y adquirieron un vehículo del que solo pagaron las dos primeras cuotas.
Los acusados dejaron de abonar el alquiler de la oficina, por lo que su propietario optó por resolver el contrato, dirigiéndose a recuperar la posesión de su local. Tras precisar asistencia policial, los agentes descubrieron diversa documentación sobre la trama organizada.
Los dos acusados contactaban con más de una decena de personas, en su mayor parte jóvenes desempleados, con pocos ingresos económicos y escasa formación académica. Los dos implicados convencían a estos jóvenes con la promesa de participar en el reparto de las ganancias.
Estas personas implicadas prestaban nombre e identidad constituyendo empresas de las que eran administradores únicos. Finalmente, no han sido acusados tras determinarse que no eran conscientes de que ocurría.
