El adelanto del toque de queda ante el avance de la tercera ola está ahora en el centro del debate, una vez que la mayoría de las comunidades autónomas se han manifestado a favor de una medida que ya aplica Castilla y León, pero que tiene implicaciones políticas, porque está amparada en el decreto del estado de alarma aprobado en el Congreso que establece su inicio a partir de las 22.00 horas.
El Gobierno ha insistido este martes en que las autonomías aún tienen margen para aplicar más medidas sobre la restricción de movilidad en la lucha contra el coronavirus, y por ello la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, ha incidido en que será mañana, en el marco del Consejo Interterritorial de Salud, donde el ministro Salvador Illa y los responsables autonómicos tomen las decisiones oportunas. A su juicio, «tiene que haber cierta homogeneidad» y «siempre hay que cumplir con la legalidad vigente», sobre todo «cuando se trata de derechos fundamentales».
En la misma línea, Illa ha reiterado que el actual estado de alarma es «suficiente» para «combatir el incremento de casos» y ha abogado por esperar los días necesarios para que las restricciones tengan su efecto antes de tomar una decisión sobre el adelanto del toque de queda.
Después de que este lunes hasta once autonomías se manifestaran a favor de la iniciativa, este martes el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, ha anunciado que también lo solicitará en el Consejo Interterritorial, y el consejero de la Presidencia y portavoz del Ejecutivo andaluz, Elias Bendondo, ha defendido que el objetivo para frenar la tercera ola es adelantar el toque de queda a las 20:00 horas y poder confinar a los ciudadanos en sus casas.
Así lo está haciendo ya Castilla y León, que precisamente tiene un plazo de 10 días para presentar sus alegaciones al recurso que presentó el Gobierno ante el Tribunal Supremo pidiendo la suspensión de su iniciativa unilateral por contravenir el horario establecido en el decreto del estado de alarma.
El nudo gordiano radica en si es preciso modificar ese decreto y con cuántos apoyos parlamentarios contaría el Gobierno de Pedro Sánchez para hacerlo si finalmente se toma la decisión. El secretario general de los populares, Teodoro García Egea, no ha aclarado si su partido respaldaría o no una modificación del decreto, porque no conoce el plan de Sánchez, al que exige comparecer en el Congreso.
Egea ha puesto en duda que se deba votar un nuevo decreto para adelantar el toque de queda, un debate que considera jurídico.
El número dos de Pablo Casado ha apoyado la decisión de Castilla y León de adelantar el toque de queda a las 20:00 horas, pese a que contravenga el estado de alarma, porque «cualquier medida» que sus presidentes autonómicos tomen «en beneficio de la salud» tiene el apoyo de la dirección nacional del PP, aunque tampoco se ha posicionado sobre cuál es la mejor respuesta para frenar la tercera ola.
Sin embargo, no todos los gobiernos populares ven con buenos ojos esta opción. La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha expuesto: «Para arruinar más a la hostelería en España, conmigo que no cuenten».
Ayuso se ha mostrado contraria a las «restricciones» que arruinan «aún más» a la hostelería, a los comercios, a la iniciativa privada y «a tantas familias», y ha criticado que no haya «acciones a nivel nacional ni una estrategia como país ante la epidemia».
Por su parte, Cataluña ha supeditado cualquier decisión del Ejecutivo catalán sobre si adelanta o no el toque de queda o respecto a la ampliación del confinamiento perimetral a lo que aconsejen «las autoridades sanitarias», según ha dicho la portavoz del Govern, Meritxell Budó.
Budó ha recordado que las actuales restricciones están en vigor hasta el 24 de enero y que entre mañana miércoles y el viernes el Govern decidirá si se deben «flexibilizar, mantener o reforzar con medidas adicionales».
Ha apuntado que el adelanto del toque de queda «está sobre la mesa» y que, «si las autoridades sanitarias nos piden adelantar el toque de queda, el Govern tomará esa decisión»
