El vicepresidente de Canarias sacó este martes en el pleno del Parlamento la sentencia del Tribunal Supremo por el caso Mascarillas en una respuesta al grupo parlamentario socialista
El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, ha dicho este martes que esperaba que muchos dirigentes del PSOE abandonaran el partido tras la sentencia del Tribunal Supremo que condena al exsecretario de Organización y exministro de Transportes a 24 años de cárcel por una trama corrupta vinculada a la compra de material sanitario.
«Yo pensé, porque en esa bancada hay gente seria, en esa bancada hay gente responsable, que hoy alguno diría me voy para mi casa hasta que la basura que está instaurada en mi partido se acabe», ha espetado a la presidenta del Grupo Socialista, Nira Fierro, en la sesión de control del pleno del Parlamento, a quien ha afeado que defendiera «a capa y espada» la gestión de Ábalos.
Ha dicho también que el Gobierno de Canarias cumple las leyes, no como el Gobierno central, que ‘no hizo caso’ al Supremo con la derivación de menores migrantes solicitantes de asilo.
En ese sentido ha defendido que «nunca antes» en Canarias se ha invertido tanto en la educación pública, con más recursos para los alumnos NEAE, y desarrollo de la educación gratuita de cero a tres años tras el «déficit» que dejó el ‘Pacto de las Flores’.
Críticas del PSOE a la gestión de la educación
Además ha negado que el Gobierno haya dejado de ejecutar 3.400 millones en los primeros tres años de legislatura, como han denunciado los socialistas, y si al anterior Gobierno «le sobró más», se ha preguntado «por qué» no dedicaron más dinero a la educación.
Fierro ha criticado que el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, haya dicho que es una «perreta» que la oposición quiere que se invierta un 5% del PIB en la educación pública, tal y como exige la ley canaria de educación, en un momento en el que «da pena» la gestión, pues en 2025 solo se invirtieron «60 de 170 millones».
Ha indicado que las familias han salido a las calles para protestar y con 3.400 millones sin ejecutar en esta legislatura por lo que entiende que el problema no va de recursos sino de «capacidad de gestión».
En ese sentido ha comentado que se ha habilitado un gasto plurianual para contratar a auxiliares educativos que incluye una mejora retributiva pero ahonda en un «modelo privatizador», del que su partido está «en contra», y ha reclamado «dignidad» para quienes «sostienen» los servicios públicos.
«Estamos hablando, en este caso, de personas con contratos de 25 horas a las cuales se les paga 800 euros. Si a eso le quitamos el 60% para el alquiler al final sí que vamos a tener que agradecerle que usted le quitara el IGIC a la sal, a la mantequilla y al café, porque así no se puede vivir», ha destacado.
Acceso a la vivienda
El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, solicitó en el pleno del Parlamento autonómico una modificación de la Ley de Contratos del Sector Público con el objetivo de agilizar la construcción de vivienda protegida. La petición surgió durante su respuesta a una pregunta formulada por el diputado socialista, Marcos Bergaz, sobre los criterios que está aplicando el Ejecutivo regional para acelerar las licitaciones relacionadas con este tipo de viviendas.
Rodríguez explicó que la actual normativa permite tramitar de forma urgente determinados proyectos, reduciendo de 30 a 15 días el periodo de exposición para que las empresas presenten ofertas. Sin embargo, advirtió de que esta ventaja pierde eficacia cuando se presentan recursos, ya que su resolución puede demorarse entre dos y tres meses. Según indicó, la emergencia habitacional declarada en Canarias no tiene capacidad para evitar esos retrasos.
El consejero criticó además que la legislación estatal establezca los mismos procedimientos para licitar viviendas que para otras infraestructuras, como plazas, jardines o polideportivos. Por ello, reclamó la creación de un procedimiento extraordinario específico para los proyectos de vivienda pública.
Por su parte, Marcos Bergaz instó al Gobierno canario a cumplir el decreto ley de vivienda y a aplicar de manera efectiva la emergencia habitacional, priorizando los expedientes de vivienda protegida y garantizando que los proyectos del ICAVI y Visocan se tramiten por la vía de urgencia.
Rodríguez respondió que nunca antes se había impulsado tanta vivienda pública en Canarias como en la actualidad, con más de 2.000 viviendas promovidas gracias a la prioridad otorgada por el Ejecutivo autonómico.
Fuera del programa estatal «Verano Joven»
Pablo Rodríguez también expresó en el Parlamento de Canarias la indignación del Ejecutivo autonómico por la exclusión de los jóvenes canarios del programa estatal «Verano Joven». Durante el pleno, respondió a una pregunta del diputado nacionalista, José Manuel Bermúdez, quien denunció que esta iniciativa, financiada con recursos públicos, vuelve a dejar fuera a miles de jóvenes de las islas.
Bermúdez criticó que el programa esté diseñado en torno al transporte terrestre peninsular, con descuentos para trenes de media distancia, alta velocidad e Interrail, medios inexistentes en Canarias. Recordó que la condición insular obliga a depender del avión o del barco para desplazarse y consideró incomprensible que el Ministerio de Transportes ignore esta realidad. A su juicio, ya no se trata de un simple descuido, sino de una discriminación reiterada.
Rodríguez señaló que esta es la cuarta edición consecutiva en la que los jóvenes canarios quedan excluidos y explicó que el Gobierno autonómico solicitó nuevamente al Ministerio que corrigiera la situación, sin obtener respuesta. Además, rechazó que la bonificación del 75 % para residentes justifique esta exclusión y reclamó igualdad de oportunidades para la juventud canaria.
Regla de gasto
La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Matilde Asián, ha negado este martes que Canarias deba implantar un plan de ajuste por el incumplimiento de la regla de gasto en 2024 y 2025 si bien sí ha reconocido que se ha enviado al Ministerio de Hacienda un plan económico y financiero.
«No es cierto», ha espetado a la diputada de NC-bc, Esther González, en la sesión de control del pleno del Parlamento, cuestionando su «tono», ya que ninguna comunidad autónoma tiene que presentar un plan de ajuste ya que lo que hace el incumplimiento de la regla de gasto es «consolidar el gasto».
No obstante, ha precisado que resulta «extraño» que Canarias presentaba en 2024 un superavit de 144 millones y era la comunidad menos endeudada y acabe sujeta a un plan económico financiero cuando el «gran incumplidor» ha sido el Gobierno central.
González ha cifrado en 445 millones la reducción de gasto del Gobierno canario a raíz del incumplimiento de la regla de gasto, algo que no es un «problema aislado» pues en 2024 y 2025 el incumplimiento ha alcanzado un total de 1.011 millones.
En su opinión, es «intolerable» que los «ajustes millonarios» del Gobierno de Canarias «obligan a retraer políticas públicas» y en medio de un aumento de la estructura del Gobierno «hasta niveles nunca vistos», lo que demuestra cuáles son las «prioridades» del Ejecutivo, «el más grande, más caro y menos eficiente, esa es la factura de la mala praxis».
Huelga de médicos
El diputado regional del PSOE, Miguel Ángel Pérez del Pino, acusó a la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, de deteriorar de forma deliberada la sanidad pública y de gestionar el sistema sanitario con improvisación e incapacidad política. Durante una intervención parlamentaria sobre la situación de las urgencias del Hospital Universitario de Canarias (HUC), el socialista reclamó que el presidente autonómico, Fernando Clavijo, asuma personalmente las negociaciones con los profesionales sanitarios ante la falta de confianza en la actuación de la consejera.
Pérez del Pino sostuvo que los problemas actuales del sistema sanitario canario son consecuencia directa de la gestión de Monzón. La acusó de gobernar de espaldas a los trabajadores del sector, sin escuchar sus demandas y recurriendo únicamente a soluciones temporales. A su juicio, durante los tres años de legislatura se ha incrementado la presión asistencial, han aumentado las listas de espera, se ha agravado la saturación de las urgencias y se ha extendido la precariedad laboral, provocando una peor atención a los pacientes y una creciente frustración entre los profesionales. Además, denunció un aumento de los conciertos hospitalarios, que alcanzarán los 346 millones de euros en 2025, un 54,46 % más que en 2023, lo que interpretó como una estrategia para debilitar la sanidad pública.
Por su parte, Esther Monzón rechazó las críticas y recordó que la saturación de las urgencias ya existía durante los gobiernos socialistas. Defendió que el Ejecutivo actual ha impulsado un plan integral para corregir los problemas estructurales del HUC. Entre las medidas adoptadas destacó la creación de un área específica para urgencias psiquiátricas, la finalización de obras en admisión, la puesta en marcha de nuevas unidades asistenciales y el refuerzo de la plantilla de urgencias, que ha crecido un 22 % desde 2024.
Dependencia
La Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, está elaborando un protocolo de coordinación sociosanitaria para identificar a pacientes con alta médica que permanecen hospitalizados por no disponer de una alternativa segura de cuidados. El objetivo es acelerar el reconocimiento de su situación de dependencia y resolver los trámites administrativos en un plazo máximo de un mes, facilitando así el acceso a los recursos adecuados.
Durante una sesión plenaria del Parlamento de Canarias, la consejera destacó que el problema no se limita a la ocupación innecesaria de camas hospitalarias, sino también a la falta de un reconocimiento administrativo que garantice los derechos y prestaciones de estas personas. Para ello, existe una coordinación estrecha con el Servicio Canario de Salud y los cabildos insulares, con el fin de ofrecer respuestas adaptadas a cada caso.
Delgado explicó que no todos los pacientes requieren atención residencial: algunos precisan apoyos intensivos en sus domicilios, otros recursos temporales de transición durante su recuperación y otros presentan además situaciones sociales complejas.
La consejera respondió así a una pregunta del diputado Casimiro Curbelo, quien alertó de que más de 500 camas hospitalarias continúan ocupadas por pacientes con alta médica, una situación que afecta al funcionamiento del sistema sanitario y que exige soluciones antes de finalizar la legislatura.
