Clavijo exige igualdad en la gestión aeroportuaria y tacha de «mezquina» la postura de Vox sobre inmigración
El Gobierno regional defiende el Estatuto frente al centralismo, anuncia nuevos espacios protegidos en La Palma y endurece las campañas contra los ahogamientos
Fernando Clavijo, presidente de Canarias, considera «difícilmente explicable» que el Gobierno de España atienda las demandas de cogestión aeroportuaria de Euskadi o Cataluña mientras ignora a las islas. Durante el pleno del Parlamento regional, el líder autonómico recordó que el archipiélago cuenta con un estatuto de última generación que recoge explícitamente esta competencia. El jefe del Ejecutivo vincula el trato preferente hacia otras comunidades con su peso específico en la gobernabilidad del Estado, aunque valora que el Ministerio de Política Territorial acepte ahora sentarse a negociar.
Coalición Canaria ha arremetido contra el «comportamiento godo» que, a su juicio, muestra el PSOE al actuar «como medianero de Madrid» en este asunto. El presidente del grupo Nacionalista, David Toledo, acusó a los socialistas de plegarse a los intereses de AENA y advirtió de que no habrá una «Canarias amordazada». Clavijo denunció además un «sometimiento absoluto» a los accionistas de la entidad aeroportuaria, afirmando que esta se dedica a «ordeñar sus beneficios en Canarias para llevárselos a Brasil y Argentina».
Blindaje ambiental en el volcán Tajogaite
En materia de territorio, el consejero Manuel Miranda anunció que el proyecto de delimitación del espacio protegido del volcán Tajogaite, en La Palma, llegará al Parlamento al final del verano. El documento contempla la creación de dos nuevas reservas vinculadas a los deltas lávicos: la Reserva Natural Integral del Delta Lávico Norte y la Reserva Natural Especial del Delta Lávico Sur. En total, estas zonas suman 309,5 hectáreas de protección.
Miranda subrayó la necesidad de hallar un «equilibrio entre la protección y que la gente pueda seguir habitando zonas» preexistentes. Por su parte, la diputada Diana Lorenzo alabó la «seguridad jurídica» aportada por el actual gabinete en la reconstrucción de la isla, destacando que el nuevo volcán, pese a ser una catástrofe, ya forma «parte de nuestro patrimonio e identidad» y requiere preservación.
Medidas drásticas contra los ahogamientos
El consejero de Política Territorial calificó de «desalentadoras» las cifras de ahogamientos en las islas, con 19 fallecidos en lo que va de año. Ante este repunte, el Ejecutivo promoverá campañas de sensibilización con mayor «dramatismo» y medidas «mucho más drásticas». Miranda reveló que el 90 por ciento de las muertes ocurren bajo situaciones de alerta o prealerta, y que la mitad de los afectados son visitantes.
Para mitigar estos datos, el Gobierno divulgará los avisos en varios idiomas y ampliará la información a 800 receptores del sector turístico, incluyendo guías y alojamientos. Asimismo, Miranda anunció la incorporación de 24 nuevos efectivos al servicio de emergencias 112 mediante la empresa pública Gesplan. Esta medida responde a las críticas del PSOE, que denunció el «tensionamiento» del servicio tras la borrasca ‘Therese’.
Choque frontal por la gestión migratoria
La tensión parlamentaria creció cuando Clavijo respondió a Vox sobre el coste sanitario de la inmigración. El presidente espetó a los diputados que «no son buenas personas» por intentar enfrentar a los canarios con los migrantes y subrayó que «no hay personas ilegales». Calificó de «mezquina» la postura de la formación, mientras el diputado Nicasio Galván cuestionó si las islas pueden costear 50 millones de euros en atención sanitaria ante supuestos perjuicios para la población local.
En este contexto, el vicepresidente Manuel Domínguez (PP) defendió que el objetivo debe ser “cerrar las fronteras” para poder “ayudar en origen”. Domínguez justificó el pacto para derivar menores extranjeros como la «menos mala» de las opciones para evitar que Canarias sea “una cárcel”. El vicepresidente insistió en que la prioridad radica en evitar que las personas arriesguen su vida en el mar mediante políticas efectivas en los países de procedencia.
El «caso mascarillas» y las emergencias tecnológicas
La consejera de Hacienda, Matilde Asián, reactivó la polémica por el «caso mascarillas» al pedir al PSOE que investigue por qué el anterior Ejecutivo tardó un año en intentar recuperar los 4 millones de euros pagados a RR7 United. Mientras el PSOE defendió que el Tribunal de Cuentas archivó el caso por la rapidez de su actuación, Asián insistió en las sombras sobre la gestión de ese pago tras recibirse material defectuoso.
Finalmente, el debate se centró en la gestión administrativa. El PSOE acusó al Gobierno de abusar de las declaraciones de emergencia, sumando seis en la legislatura. La consejera Nieves Lady Barreto replicó que la emergencia tecnológica declarada tras la caída de 1.523 sistemas en junio de 2025 era imprescindible para afrontar problemas estructurales. Barreto defendió el uso de contratos de emergencia para dar estabilidad a los servicios digitales frente a la falta de anticipación que atribuye a la etapa anterior.
