El Gobierno de Canarias defiende el Estatuto ante el centralismo estatal y anuncia planes para los nuevos deltas de La Palma
Fernando Clavijo, presidente de Canarias, considera «difícilmente explicable» que el Gobierno de España atienda las demandas de cogestión aeroportuaria de Euskadi o Cataluña mientras ignora a las islas. Durante el pleno del Parlamento regional, el líder autonómico recordó que el archipiélago cuenta con un estatuto de última generación que recoge explícitamente esta competencia. El jefe del Ejecutivo vincula el trato preferente hacia otras comunidades con su peso específico en la gobernabilidad del Estado, aunque valora que el Ministerio de Política Territorial acepte ahora sentarse a negociar.
Coalición Canaria ha arremetido contra el «comportamiento godo» que, a su juicio, muestra el PSOE al actuar «como medianero de Madrid» en este asunto. David Toledo, presidente del grupo Nacionalista, acusó a los socialistas de plegarse a los intereses de AENA y advirtió de que no habrá una «Canarias amordazada». Clavijo denunció además un «sometimiento absoluto» a los accionistas de la entidad aeroportuaria, afirmando que esta «ordeña sus beneficios en Canarias para llevárselos a Brasil y Argentina».
Incertidumbre financiera y el futuro de las RUP
La consejera de Hacienda, Matilde Asián, denunció la falta de interlocución con el Gobierno de España respecto al próximo marco financiero de la Unión Europea. Asián aseguró que el Ministerio de Hacienda no responde a las solicitudes de reuniones técnicas, lo que dificulta la preparación de las islas ante un escenario que podría centralizar fondos de cohesión y agricultura. Esta posible reorganización perjudica a Canarias como región ultraperiférica (RUP), al diluir el reconocimiento de sus sobrecostes estructurales frente a nuevas prioridades como la defensa.
Ante el silencio estatal, el Ejecutivo autonómico ha intensificado sus gestiones directas en Bruselas. Sin embargo, Asián insistió en que el papel de España es determinante para garantizar un tratamiento diferenciado. El diputado socialista Gustavo Matos ironizó sobre la credibilidad del Gobierno canario al cuestionar su capacidad para ejecutar 150 millones de fondos europeos, mientras que desde Nueva Canaria y ASG subrayaron la importancia de mantener la descentralización de los fondos y el blindaje del POSEI.
Protección ambiental y seguridad en el mar
En materia de territorio, el consejero Manuel Miranda anunció que el proyecto del espacio protegido del volcán Tajogaite llegará al Parlamento al final del verano. El plan incluye la creación de la Reserva Natural Integral del Delta Lávico Norte y la Reserva Natural Especial del Delta Lávico Sur, sumando más de 300 hectáreas de protección. Miranda subrayó la búsqueda de un «equilibrio entre la protección y que la gente pueda seguir habitando zonas» preexistentes a la erupción.
Respecto a la seguridad, Miranda calificó de «desalentadoras» las cifras de ahogamientos, con 19 fallecidos este año. El Ejecutivo promoverá campañas con mayor «dramatismo» y reforzará el 112 con 24 nuevos efectivos a través de Gesplan. Este refuerzo responde a las críticas del PSOE sobre el «tensionamiento» del servicio, especialmente tras fenómenos meteorológicos como la borrasca ‘Therese’.
Crisis sanitaria y choque por la migración
La gestión sanitaria provocó un enfrentamiento entre el PSOE y la consejera Esther Monzón. Mientras los socialistas cifraron en un 262 % el aumento de pacientes «sociales» y denunciaron la anulación de cirugías, Monzón aseguró que el Gobierno ha «tomado las riendas» derivando ya al 80 % de estas personas. La consejera defendió el tercer plan de infraestructuras sociosanitarias y criticó la «nula gestión» de la legislatura anterior en esta materia.
En el ámbito migratorio, Clavijo espetó a los diputados de Vox que «no son buenas personas» por intentar enfrentar a los canarios con los migrantes. El presidente calificó de «mezquina» la estrategia de la formación, subrayando que «no hay personas ilegales». Por su parte, el vicepresidente Manuel Domínguez (PP) defendió que el objetivo debe ser “cerrar las fronteras” para “ayudar en origen”, justificando la derivación de menores para evitar que el archipiélago se convierta en “una cárcel”.
El rastro del «caso mascarillas»
La consejera Matilde Asián reactivó la polémica por el «caso mascarillas», instando al PSOE a investigar por qué el anterior Ejecutivo tardó un año en intentar recuperar los 4 millones de euros pagados a RR7 United. Paralelamente, en el área de Ciencia, Migdalia Machín rechazó las acusaciones de recortes presupuestarios, afirmando que la inversión con fondos propios ha subido de 51 a 65 millones, estabilizando el sistema tras el fin de los fondos extraordinarios europeos.
Finalmente, el sector primario también reclamó atención ante el impacto de la guerra en Irán. El consejero Narvay Quintero anunció ayudas directas y una deducción del 99 % en el impuesto del combustible para aliviar a los agricultores y ganaderos. En este debate, el PP criticó la actitud del ministro Ángel Víctor Torres, a quien acusaron de mostrar una «perrera de celos» ante las gestiones internacionales del Gobierno canario en lugar de colaborar en la defensa de los intereses de las islas.
Sesión de tarde
La sesión plenaria se reanudó a primera hora de la tarde con preguntas a la consejera de Hacienda, Matilde Asián, por parte de la diputada de NC-Bloque Canarista Esther González. Esta última cuestionó al gobierno sobre la ejecución presupuestaria, grado de cumplimiento y objetivos previstos de los Fondos MRR en 2025.
A preguntas de la diputada de Nueva Canarias ha confirmado que el ejecutivo regional volverá a incumplir la regla de gasto en 2025, como recoge el plan económico financiero remitido a la Airef, el cual ha sido objeto de varias modificaciones al introducir nuevas medidas y justificaciones.
En este sentido Asián señaló que ve «terrible» que el Gobierno de España no acceda a una flexibilización de la regla de gasto e impida a comunidades autónomas como Canarias, «con superávit y una deuda inferior al límite fijado», gastar el dinero que «tiene en los bancos».
Pueblo Gitano
La economía centró buena parte de esta primera parte del pleno vespertino, que llegó a uno de sus momentos más destacados con la interpelación de la diputada no adscrita Marta Gómez, que quiso conocer los motivos por los que aún no se ha creado el Consejo Regional de Canarias del Pueblo Gitano. Preguntó directamente a Candelaria Delgado, consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, sobre cuáles son los propósitos de la consejería para solventar dicha situación.
A este momento asistieron representantes de las asociaciones y colectivos del Pueblo Gitano de toda Canarias. Delgado les aseguró que se convocará en poco tiempo un órgano consultivo en el que participarán estos colectivos para elaborar el borrador del futuro Consejo Regional del Pueblo Gitano. Un asunto, aseguró, que considera imprescindible.
Además, ha continuado Delgado, el Gobierno regional no ha permanecido «inmóvil» y ha incrementado la financiación específica para las entidades del colectivo gitano. Lo ha hecho con tres nuevas líneas nominativas y el incremento a 105.000 euros al año de la asignación específica a cargo del IRPF.
Educación
Por su parte, se trató en el pleno también sobre la implantación de la enseñanza de 0 a 3 años en las escuelas públicas, que para la oposición está siendo deficiente. Sin embargo, el consejero de Educación, Poli Suárez, recordó las cifras que asegura que avalan que gracias a su gestión se ha bajada la ratio hasta el punto de que el Gobierno de España los ha felicitado y toma de ejemplo a Canarias para implantar el modelo a nivel nacional.
Suárez, ha asegurado que prevé alcanzar este curso un total de 3.885 plazas públicas de educación infantil de 0 a 3 años, tras haber duplicado el ritmo de creación respecto a etapas anteriores.
Según ha detallado, actualmente están habilitadas 225 aulas en centros dependientes de la consejería, con 3.667 plazas. Ha avanzado que el objetivo es llegar a 239 aulas antes de final de curso, superando el hito comprometido con el Ministerio de Educación en el marco del Plan de Recuperación.
El consejero ha destacado que solo en el curso 2025-2026 se habrán creado hasta 1.656 nuevas plazas si se cumplen las previsiones, frente a las 593 habilitadas en el curso 2022-2023, lo que supone “duplicar e incluso casi triplicar” el ritmo de implantación.
Por parte de la oposición, el portavoz de Vox, Javier Nieto, ha situado el debate en el contexto demográfico y ha advertido de que Canarias registró 11.000 nacimientos frente a 18.000 fallecimientos, lo que, a su juicio, evidencia un problema estructural.
La diputada de Nueva Canarias Carmen Hernández ha acusado al consejero de “no ajustarse a la verdad” y ha defendido que el actual Ejecutivo heredó un plan ya en marcha del anterior Gobierno, que permitió escolarizar por primera vez a alumnado de 0 a 3 años en centros públicos.
El diputado del PSOE Marcos Hernández señalado al “déficit estructural” de unas 7.000 plazas en Canarias y ha cuestionado que se pueda hablar de avance en relación con la media estatal en una comunidad, ha dicho, que mantiene niveles elevados de pobreza infantil.
Por último, Suárez fue cuestionado por sus decisiones en materia escolar durante la borrasca Therese. Una gestión que defendió como las más adecuadas con la información con la que se contaba y atendiendo a la prudencia necesaria para salvaguardar la seguridad del alumnado y el personal de los centros. Era también, aseguró, una manera de evitar mayor movilidad por carretera, manteniendo, eso sí, las clases deforma online. «Volvería a actuar de la misma manera porque solo así he garantizado la seguridad del alumnado, de las familias y del personal», concluyó.
Pobreza en Canarias
«La pobreza se cronifica en Canarias», así comenzó su comparecencia la diputada socialista Elena Máñez. Lo hizo como crítica a los últimos datos, que hablan de que 700.000 personas viven en riesgo de pobreza o exclusión social en las islas según datos a finales de 2025. Un dato que destacó frente a las felicitaciones de los datos macroeconómicos del Gobierno de Canarias.
Delgado, en respuesta, negó estos datos. «Estamos ante una reducción de los principales indicadores de vulnerabilidad», aseguró la consejera. Señaló que existe, por tanto, una evolución y no un estancamiento, como indicaba Máñez. En este sentido, Delgado aseguró que no están conformes con estas cifras y que seguirán trabajando para mejorar la vida de la ciudadanía. Por eso están culminando un plan de atención personalizado de acción con un nuevo marco de desarrollo para la Renta Canaria de Ciudadanía.
La consejera ha reclamado también un mayor compromiso del Gobierno de España para financiar las políticas sociales de erradicación de la pobreza. Delgado ha defendido las medidas adoptadas por el Ejecutivo regional en esta legislatura para mejorar los principales indicadores de vulnerabilidad social y catalogó la intervención de los socialistas sobre los indicadores de pobreza como “errónea e interesada”.
