La decisión, respaldada por PSOE, AUP y NC, se produce días después de presentar una moción de censura contra el regidor de CC, investigado por la cesión de unas instalaciones municipales
El pleno del Ayuntamiento de San Juan de la Rambla ha aprobado este jueves personarse como acusación particular en las diligencias judiciales previas del Juzgado de Instrucción número 1 de La Orotava contra el alcalde, Juan Ramos (CC), por un presunto delito de prevaricación administrativa. Todo ello en relación con la cesión de las instalaciones municipales del Mirador de Mazapé a la Asociación de Airsoft El Atlántico.
La propuesta ha salido adelante con 6 votos a favor de PSOE, AUP y NC, frente a 3 votos en contra de CC y PP, detallan los socialistas de San Juan de la Rambla en un comunicado. Todo ello días después de que esos mismos grupos hayan presentado una moción de censura al alcalde.
Actuar ante la investigación judicial
La portavoz municipal del PSOE, Gloria Méndez, argumenta que «el Ayuntamiento no puede limitarse a observar desde fuera» cómo se investigan unos hechos relacionados con la utilización de instalaciones de titularidad municipal sino que «debe actuar en defensa de sus propios intereses, con responsabilidad, transparencia y respeto absoluto a la legalidad».
Mediante auto de 18 de septiembre de 2026, notificado el 22 de septiembre, el Juzgado de Instrucción número 1 de La Orotava acordó incoar diligencias previas y practicar distintas diligencias de investigación. Juan Ramos está citado a declarar el próximo mes de diciembre, relata el PSOE.
Gloria Méndez ha expuesto en la sesión plenaria que «la apertura de diligencias previas no supone una condena ni acredita por sí misma la comisión de un delito. Pero sí significa que los hechos están siendo objeto de investigación judicial y que existen actuaciones que deben esclarecerse».
Y ha indicado que con esta personación como acusación particular «no se trata de utilizar los tribunales como instrumento político. Se trata exactamente de lo contrario: de dejar que la Justicia investigue, de facilitar el esclarecimiento de los hechos y de evitar que el Ayuntamiento renuncie a defender los intereses públicos que tiene encomendados»
