Profesionales encargados de su acompañamiento podrán solicitar la intervención de ambos cuerpos
Si las comunidades se niegan a acoger a un menor migrante no acompañado reubicado desde otro territorio, los profesionales encargados de su acompañamiento podrán solicitar la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Estas, a su vez, informarán a la Fiscalía y entregarán al menor a la entidad correspondiente.
Así lo establece el decreto que regula el mecanismo de distribución de menores migrantes no acompañados, el cual el Gobierno tiene previsto aprobar el próximo martes 22 de julio en el Consejo de Ministros, según informaron fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia a EFE.
Este extremo ya estaba recogido en el borrador del decreto, que se sometió a audiencia pública y no ha sufrido cambios sustanciales desde entonces, confirmaron las mismas fuentes.
PP y PSOE se pronuncian
Tanto PSOE como PP hablaron este sábado sobre el nuevo decreto. El Partido Popular lamenta que el Gobierno del PSOE haya retrasado, en su opinión, todas las soluciones para la acogida de menores no acompañados en otras comunidades.
Mientras, el Ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, destacó que es el PP quien impide que que los menores salgan de Canarias y achacó a los populares su decisión de dar «plantón» al Gobierno en la Conferencia Sectorial.
«Me parece una incoherencia y también una muestra de ausencia de vergüenza política que sea el Partido Popular de Canarias el que acuse a otros de lo que ellos mismos han votado en contra. No otros, los diputados y diputadas del PP canario votaron en contra, y son las comunidades del PP las que están poniendo todas las pegas«, afirmó el ministro en declaraciones recogidas por RTVC.
Nuevo modelo
Es la segunda norma que el Gobierno dicta sobre esta cuestión, después de aprobar el pasado 18 de marzo el real decreto ley que modificó la ley de extranjería para crear este mecanismo y tratar de responder a la situación crítica que vive Canarias, que atiende en sus recursos a unos 5.500 jóvenes que han llegado solos a las islas.
Este nuevo modelo, que por primera vez establece la obligatoriedad de que las comunidades se hagan cargo en su conjunto de los jóvenes que llegan a zonas como Canarias, Ceuta o Melilla en función de una serie de criterios como la población o la renta per cápita, despertó un gran rechazo de la mayoría de las comunidades.
De hecho, diez gobernadas por el PP y Castilla-La Mancha (PSOE) han recurrido ante el Tribunal Constitucional el real decreto ley aprobado en marzo porque lo consideran «ilegal» y que invade competencias autonómicas, aunque también precisaron en alguna ocasión que, llegado el momento, cumplirán la ley y atenderán a los menores que reciban.
En palabras de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, el «colofón» de esta oposición fue el «plantón» que todas las comunidades del PP, menos Ceuta y Canarias donde cogobierna, dieron al Gobierno en la Conferencia Sectorial que debía celebrarse el pasado jueves sobre este asunto y que finalmente no tuvo lugar por falta de quorum.
Varios servicios de emergencia atienden a migrantes recién rescatados de un cayuco, en Puerto Naos, a 4 de enero de 2025, en Arrecife, Lanzarote, Canarias (España). Archivo RTVC
Protocolo de los traslados
El real decreto que previsiblemente se aprobará el próximo martes establece el protocolo que se deberá seguir para los traslados de los jóvenes, que el Ejecutivo prevé que comience a partir del 28 de agosto.
La norma establece la participación en el proceso del Ministerio Fiscal, al que se comunicará la propuesta de traslado del joven y se pedirá informe en el caso de que este no quiera ser reubicado.
Dicta que la comunidad de origen será la responsable de los traslados, que se financiarán por el Estado mediante el fondo previsto en el real decreto ley aprobado el pasado 18 de marzo, dotado con 100 millones de euros.
Y que este lo realizarán profesionales de la entidad pública de origen, que deberán intercambiar información con los de destino sobre la situación de cada niño o adolescente.
El nuevo real decreto señala también que, en caso de que la comunidad se niegue a acoger a los menores, los profesionales que acompañen al joven pueden pedir ayuda a las fuerzas y cuerpos de seguridad, que lo comunicarán al Ministerio Fiscal y entregarán al joven a la entidad de destino.
Y establece que, si el menor no tiene autorización de residencia en España, esta se deberá tramitar, con carácter preferente, por la Subdelegación del Gobierno correspondiente antes del traslado.
Acerca del papel de las fuerzas de seguridad en este proceso, las fuentes ministeriales han aclarado que los detalles tendrán que desarrollarse en grupos de trabajo que se constituirán próximamente con el fin de concretar la legislación.
Próximas citas
El Gobierno sigue su plan para la distribución tras aprobar otro decreto sobre la capacidad ordinaria de acogida, que incluirá el detalle de cuántos jóvenes deberán trasladarse a cada autonomía, el 26 de agosto.
Además, los territorios que cumplan los requisitos, que la ocupación de sus recursos triplique su capacidad, deberán declarar la contingencia migratoria el día 27.
A partir de entonces, se podrá comenzar a derivar a los menores, aunque fuentes del Ministerio precisaron que estos traslados se realizarán poco a poco y, en ningún caso, se llevará a cientos de jóvenes de golpe a ningún territorio.
Para los traslados de los alrededor de 3.000 menores que deben salir de los sistemas de acogida de Canarias, Ceuta y Melilla para aliviar sus recursos de atención a la infancia el Gobierno marcó el plazo de un año.
Pero para los menores que lleguen a zonas ya declaradas en situación de contingencia, como seguramente será Canarias a partir del 27 de agosto, el decreto establece que la derivación deberá llevarse a cabo en 15 días naturales desde su inscripción en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados.
