Los socialistas defienden que dará seguridad jurídica y derechos laborales, mientras que el Partido Popular la tacha de irresponsable y Coalición Canaria pide conocer la “letra pequeña” antes de valorarla
La decisión del Gobierno de España de iniciar los trámites para una regularización extraordinaria de personas extranjeras que ya viven en el país ha generado reacciones encontradas entre los principales partidos con representación en Canarias. PSOE, PP y CC han fijado hoy sus posiciones iniciales ante esta medida en el programa Canarias al Cierre de La Radio Canaria.
Desde el Partido Socialista, el diputado nacional Luc André Diouf ha defendido la iniciativa. Ha señalado que permitirá dar “seguridad jurídica y dignificar a miles de personas” que actualmente trabajan en la economía sumergida y ha insistido en que se trata de una respuesta necesaria ante la falta de mano de obra. Además, ha explicado que el Gobierno ha optado por el real decreto después de que ONGs y asociaciones de migrantes impulsaran una Iniciativa Legislativa Popular, al estimar que entre medio millón y un millón de personas se encuentran pendientes de regularización.
Asimismo, el PSOE rechaza que la medida tenga un trasfondo electoral, ya que, en palabras del diputado, las personas regularizadas no podrán votar en procesos electorales. Lo que sí podrán hacer es acceder a permisos de residencia y trabajo, así como a derechos laborales y de participación ciudadana. “Después de 20 años es momento de su regularización”, ha afirmado.
Muy distinta ha sido la valoración del Partido Popular. El vicesecretario de Organización y Comunicación del PP canario, Jacob Qadri, califica la iniciativa como “una irresponsabilidad”. Ha criticado que se trate de una regularización generalizada, ya que, a su juicio, demuestra una “nula política migratoria estatal”. En este sentido, Qadri a señalado a Sánchez y lo ha acusado de “doblegarse a los intereses de sus socios para mantenerse en Moncloa”.
Coalición Canaria, por su parte, ha adoptado una posición más cauta. Su diputada en el Parlamento autonómico, Vidina Espino, ha señaldo que es necesario conocer primero el contenido del decreto antes de hacer una valoración definitiva. Ha recordado que el documento aún no se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado y ha advertido de que no se puede opinar sin conocer la “letra pequeña” de la regularización anunciada por el Gobierno.
No obstante, Espino reconoce que existe una realidad que debe abordarse. Ha coincidido con que hay miles de personas trabajando en la economía sumergida, también en Canarias, en sectores como la agricultura, los cuidados o la construcción.
En este sentido, sostiene que regularizar a quienes ya trabajan y contribuyen puede ser una medida positiva para evitar la precariedad, fomentar la cotización y garantizar derechos. Sin embargo, ha insistido en que habrá que analizar cómo se articula finalmente la propuesta.
