Las fuentes del Gobierno insisten en debatir de forma serena y sosegada sobre el aumento del gasto en defensa en el Congreso, pese a que no implique que sea votado
Fuentes del Gobierno, tanto del ala socialista como de Sumar, han insistido este miércoles en la necesidad de que haya un debate sereno y profundo sobre el aumento en el gasto en defensa y se han mostrado a favor de que esta discusión pase por el Congreso, aunque no implique que sea votado.
Ambas partes del Ejecutivo han pedido sosiego porque, advierten, ni la estrategia sobre el aumento en gasto en defensa está clara, ni es algo que vaya a resolverse en las próximas «semanas».
Fuentes de la parte socialista del Gobierno avanzan que la comparecencia sobre Ucrania del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso el próximo 26 de marzo será «prematura». Servirá para dar respuestas a cuestiones muy concretas y que aún desconocen «cómo y cuándo» se tomarán las decisiones sobre un eventual incremento de este presupuesto.
Además, han recordado que el PP siempre que puede usar sus votos para «boicotear», lo hace, y que en esta ocasión no están observando ninguna muestra de que vayan a apoyar una propuesta del Ejecutivo.
Seguridad
Por su lado, fuentes de Sumar han apuntado a que se necesita un debate sosegado sobre la política de seguridad de España ante un escenario internacional que ha cambiado desde que llegó Donald Trump a la Casa Blanca.
Reconocen que los partidos están muy lejos de poder alcanzar un pacto de Estado sobre defensa. Sin embargo, subrayan que el debate debe tener lugar en el Parlamento, aunque finalmente el aumento no se someta a votación.
También han cuestionado lo que supondría un aumento en la compra de material militar, ya que se haría a la industria estadounidense.
Sobre la petición de varias formaciones de izquierda de que España salga de la OTAN, las mismas fuentes han dado por hecho que será el propio Trump quien desintegre la alianza militar.
La cesión de competencias migratorias a Cataluña centra el debate
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha subrayado que el acuerdo con Junts en materia migratoria limita las funciones que realizarán los Mossos d’Esquadra a, entre otras, la expulsión de aquellos extranjeros que tengan prohibida la entrada en España o la tramitación de los permisos de residencia de larga duración o por estudios.
Después de responder a tres preguntas del PP y Vox sobre este asunto en el pleno del Congreso, los populares le han interpelado de nuevo sobre lo que será «la cesión más grave de la historia constitucional».
«Vamos a recurrir esa ley si se pone en marcha en todos los sitios donde podamos y si llegamos al Gobierno la vamos a revocar», ha avanzado Rojas antes de reprochar al Ejecutivo que haya pactado con un «delincuente prófugo» que no ser juzgado en España, al que «ríen las gracias» y con quien pactan el futuro del país.
Para Rojas esto es «inadmisible» y al ministro se le debería caer la cara de vergüenza «como jurista» que es.
