Los dos grupos parlamentarios han presentado sus enmiendas a la ley de sector audiovisual que se tramita en el Parlamento con el objetivo de garantizar el modelo público de RTVC
La presidenta del Grupo Parlamentario Socialista, Nira Fierro, ha anunciado este miércoles un paquete de enmiendas (50) a la nueva Ley de Ordenación del Servicio de Comunicación Audiovisual de Canarias (Ley de Radiotelevisión Canaria (RTVC)) con el objetivo de consolidar un modelo de radiotelevisión pública “más independiente, transparente, profesional y alineado con los valores democráticos y sociales”.
Fierro destacó que estas propuestas buscan “garantizar un servicio público de comunicación a la altura de la ciudadanía canaria”, reforzando tanto los mecanismos de control institucional como las garantías laborales y profesionales dentro del ente público.
Recuperación de los Consejos Informativos
La presidenta del Grupo Socialista destacó como uno de los pilares fundamentales de las enmiendas la restauración de los Consejos Informativos, cuya constitución se establece de manera obligatoria en un plazo máximo de seis meses.
Estos órganos estarán formados por siete profesionales elegidos por sus compañeros y tendrán como misión velar por la independencia, la objetividad y la calidad de los contenidos informativos.
Contra la externalización de los servicios informativos
En la misma línea, explicó que los socialistas plantean un blindaje total de los servicios informativos, prohibiendo expresamente la externalización de la producción, realización y edición de contenidos informativos. Únicamente se permitirá la externalización de medios técnicos, garantizando que el control editorial permanezca en manos del ente público.
Uno de los objetivos es la garantía de servicios informativos públicos en toda la cadena de montaje, es decir, todo lo previo hasta que se emite la la información, con un mínimo de 2.000 horas de informativos.
Derechos laborales garantizados y convenios colectivos
Las enmiendas también abordan la situación laboral del personal, estableciendo que la fusión de las sociedades prestadoras no podrá llevarse a cabo sin la aprobación previa de un convenio colectivo único. Este requisito busca asegurar que los derechos laborales estén plenamente garantizados antes de cualquier transformación estructural.
Las enmiendas contemplan la garantía y plena vigencia de los convenios colectivos: Mientras se apruebe un nuevo convenio colectivo, se deben garantizar las condiciones laborales ya pactadas entre la representación sindical y la dirección del ente público.
En concreto, para el personal de la televisión se mantiene el convenio colectivo firmado en 2024, y para el personal de la radio, se incorpora como régimen transitorio en la propia ley los aspectos más importantes del preacuerdo suscrito en diciembre con 2025, y cuya no formalización ha motivado un preaviso de huelga.
Además, entre las propuestas socialistas se encuentra el refuerzo de los principios éticos y sociales que deben regir la actividad de RTVC, a través de la ampliación de los principios generales para incluir el respeto al marco de convivencia constitucional, la lucha activa contra la desinformación y la promoción de la no discriminación, con especial atención a colectivos vulnerables como las personas migrantes y el colectivo LGTBI.
Asimismo, el Grupo Socialista plantea evitar bloqueos institucionales en la aprobación de un Mandato Marco por el Parlamento de Canarias, manteniendo la posibilidad de que el Gobierno de Canarias y RTVC aprueben un Contrato-Programa sin disponer de un Mandato Marco, estableciendo mecanismos para asegurar la congruencia entre las dos herramientas de aprobarse el mandato parlamentario a posteriori.
Medidas contra la precariedad e incertidumbre laboral del personal
Además, se propone otorgar carácter definitivo a la subrogación del personal procedente de empresas externas, evitando situaciones de precariedad o incertidumbre laboral ante posibles cambios en el modelo de gestión.
En el ámbito de los contenidos, se introduce una diferenciación clara entre información e “info-entretenimiento”. Los programas de entretenimiento deberán indicar explícitamente, mediante rótulos, si la información que ofrecen ha sido verificada por los servicios informativos, reforzando así la lucha contra la manipulación y las noticias falsas.
En cuanto a la gobernanza del ente, Fierro detalló que las enmiendas apuestan por un mayor control parlamentario y profesionalización de los órganos de dirección. La elección de la Junta de Control y de la Dirección General se realizará a propuesta de los grupos parlamentarios y requerirá mayorías reforzadas, con el objetivo de garantizar mayor pluralidad y consenso.
Además, se establece que los mandatos de estos órganos tendrán una duración de cinco años, desvinculándolos del ciclo electoral y favoreciendo su independencia respecto a los cambios políticos.
En materia económica, se refuerzan los mecanismos de transparencia y fiscalización, con la reducción de forma significativa de los umbrales a partir de los cuales la Junta de Control debe autorizar contratos y gastos, lo que permitirá un seguimiento más riguroso de la gestión económica del ente.
Más de 50 enmiendas de NC
Por su parte, Nueva Canarias (NC) presentará 56 enmiendas al proyecto de Ley de Ordenación del Servicio Público de Comunicación Audiovisual de Canarias que han sido consensuadas con el comité de empresa de la Radiotelevisión Canaria (RTVC), para garantizar que esta sea cien por cien pública y los ciudadanos reciban una información «imparcial y veraz».
En una rueda de prensa, la diputada de NC, María del Carmen Hernández, ha dado a conocer este miércoles el contenido de estas enmiendas a un proyecto de ley en el que aprecia «tufo a control político».
La diputada ha destacado que NC defiende una RTVC pública al servicio de los canarios y que promueva la cultura y la educación, la identidad canaria, así como valores democráticos, entre otros fines, y ha considerado que su función adquiere mayor dimensión en un territorio fragmentado.
La información es un derecho fundamental, argumenta NC, que demanda que esta ley parta del consenso del Parlamento y de los profesionales del sector, a los que también han consultado para elaborar sus enmiendas, con el fin de lograr que se respete el derecho de los ciudadanos a que sea «imparcial y veraz, así como el derecho a la libertad editorial.
Propuestas de NC
Con las propuestas formuladas por NC se persigue prohibir la externalización de su función esencial, evitar la precariedad laboral y el control público de la línea editorial, y para ello cree preciso asegurar la participación democrática y que existan controles por parte del Parlamento.
Con ese propósito, aboga por un contrato marco, que sea aprobado por el Parlamento en un plazo de seis meses y por una mayoría reforzada de tres quintos, y por una junta de control, elegida también por la Cámara regional, cuyos candidatos sean propuestos por los grupos parlamentarios y respondan a criterios de idoneidad y a la representatividad de cada grupo.
La función de la Junta de Control, formada por 11 o 13 miembros si fuera necesario para garantizar la representatividad de los grupos, es fundamental para fiscalizar la figura del director, ya que el proyecto de ley, según Hernández, le da «plenos poderes» sin que se fiscalice por el Parlamento.
En el ámbito económico, el proyecto de ley permite al director efectuar contrataciones de hasta 1,5 millones de euros, un límite que en la norma que se ha reformado estaba fijado en 300.000 euros; y la contratación máxima con terceros se eleva del 10 al 20 %.
En sus enmiendas, NC pide que se vuelva al 10 %, así como que los mandatos del director no sean por cuatro años, porque los «anuda a los periodos electorales», sino de cinco.
Ámbito laboral
En cuanto a los trabajadores de RTVC, ha indicado que su grupo defiende que sean empleados públicos para que no estén supeditados a los «vaivenes políticos o se puedan subrogar a una empresa privada» y, para ello, sugieren que se elimine la disposición adicional séptima.
Hernández además ha calificado de «escandaloso» la supresión de los consejos informativos por la función que desempeñan para poder trabajar con «independencia y objetividad y que la información no esté tamizada por el gobierno de turno.
Además, ha detallado que en sus enmiendas se propone que se prohíba la externalización de la producción, realización y edición de los informativos, cuyos tiempos no pueden variar porque «lo decide un señor».
En cuanto a la radio pública canaria, ha precisado que se presentan tres enmiendas para asegurar una dotación presupuestaria propia, garantizar una programación insular mínima con una red de corresponsales y que contenga una estrategia digital.
Hernández ha subrayado que la «única garantía de que la ciudadanía esté informada de forma transparente» recae en los medios públicos, ya que los privados tienen sus propios intereses.
