La asociaciones Tierra Bonita, Iniciativa Ciudadana de Apoyo a los Afectados por la Erupción y Agua para La Palma, denuncian presuntos delitos de prevaricación, lesiones y daños
La Asociación Tierra Bonita, con el respaldo de la Iniciativa Ciudadana de Apoyo a los Afectados por la Erupción y la Asociación Agua para La Palma, ha presentado una querella criminal en los juzgados de Los Llanos de Aridane contra cargos públicos y científicos con responsabilidad en el Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias (PEVOLCA). Lo hacen por presuntos delitos de prevaricación, lesiones y daños.
Con esta acción legal, los denunciantes pretenden demostrar que la erupción, aunque era inevitable, sí era previsible. Aseguran que «no se adoptaron las medidas oportunas que habrían minorado los daños materiales y a la salud de la población, así como a los animales, y no se habría expuesto a un grave riesgo de muerte a miles de personas».
Argumentan los querellantes que «no se adoptaron las medidas necesarias frente al riesgo volcánico para proteger con garantías la vida y la salud de personas y de su patrimonio». «Hasta el punto -añaden- de que ni siquiera se llevó a cabo una evacuación preventiva general antes de la erupción». «Pese a las evidentísimas señales objetivas de su inminencia, con una clara intensificación en los días y horas previos, y de que se había perimetrado la zona donde existía mayor probabilidad de ocurrir este peligroso fenómeno.
En su opinión esta «omisión del deber de velar por la seguridad y salud evidencia una negligente, temeraria, imprudente y delictiva actuación de las autoridades«. Aseguran que esto derivó en un grave perjuicio. «No solo con la pérdida de bienes, -al no haber permitido a los ciudadanos tener un tiempo prudente para
salvaguardarlos (incluyendo la suscripción o mejora de pólizas de seguros)-, sino también en la salud y en el bienestar emocional y psicológico de los ciudadanos».
«Aumento de mortalidad y contaminación», presente también en la querella criminal
Los querellantes aprecian también «indicios de que no se protegió lo suficiente a la población de los efectos perjudiciales de las emisiones contaminantes del volcán». Aseguran que «hay que tener en cuenta que según datos de la mortalidad del Instituto Nacional de Estadística, en los tres meses de la erupción volcánica se produjo un aumento de un 40% de fallecidos en La Palma con respecto a la media de defunciones durante el periodo 2017-2021, frente a un alza del 15% en el resto de Canarias».
Según apuntan los querellantes, «la OMS ha advertido de los graves efectos en la salud, tanto en términos de aumento de la morbilidad como de la mortalidad, como consecuencia de la inhalación en altas concentraciones de material particulado, dióxido de azufre y otros gases». Asimismo, en la querella se alude a los daños psicológicos. Unos daños derivados de la «mala gestión de la emergencia» para quienes no pudieron salvar sus enseres, animales y objetos personales y por «haber sido expuestos a un riesgo mortal».
