La Directora General de Protección al Menor asegura que el cierre de los centros en Tenerife y Gran Canaria no dejará a las familias sin plaza
Sandra Rodríguez confirma la reubicación de todos los profesionales y alumnos afectados por el cierre de dos escuelas infantiles. La medida responde a una denuncia previa de Podemos sobre la pérdida de estos espacios educativos en las islas capitalinas.
La Directora General de Protección al Menor aclaró las razones técnicas que justifican el cese de la actividad en estos dos inmuebles específicos. Rodríguez insistió en que el alumnado mantendrá su derecho a la educación pública en centros cercanos a sus áreas de residencia.
Esta decisión permite integrar a los menores en escuelas que cumplen con todos los requisitos de seguridad y espacio necesarios actualmente.
Refuerzos en las plantillas de las escuelas infantiles
El personal docente y de servicios de ambos centros también recibirá un nuevo destino dentro de la administración autonómica de forma inmediata. Los trabajadores reforzarán las plantillas de otras escuelas infantiles para disminuir la ratio de alumnos por cada educador asignado. El Gobierno canario afirma que ningún puesto de trabajo corre peligro tras la clausura definitiva de las instalaciones mencionadas.
Por otro lado, la administración regional tramitará los expedientes de traslado siguiendo las peticiones iniciales de escolarización realizadas por los progenitores afectados. El objetivo principal es facilitar la logística diaria de los padres y madres durante este proceso de transición educativa. La Consejería publicará próximamente el listado definitivo de los nuevos centros asignados para cada grupo de alumnos.
Críticas de la oposición
Idaira Afonso, portavoz de Podemos Canarias, mostró su enorme preocupación por el impacto de esta medida en la conciliación de las familias. La formación política teme que los desplazamientos forzados hacia otros centros aumenten las distancias habituales para dejar a los hijos. Según Afonso, este cambio dificulta seriamente la jornada laboral de los padres que dependen de la cercanía de las escuelas.
Sin embargo, la Dirección General de Protección al Menor argumenta que el traslado permitirá que las escuelas de destino cuenten con al menos dos educadoras de apoyo adicionales en cada centro receptor. Este refuerzo de personal docente podría mejorar la calidad del cuidado y la enseñanza que reciben los niños diariamente.
