El consejero de Política Territorial, Manuel Miranda, respalda la petición de los expertos, y coincide en apostar por la ordenación estructural y estratégica frente a la pormenorizada
Manuel Miranda, consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, presentaba este miércoles un avance de las primeras novedades del primer borrador del anteproyecto de La Ley del Suelo. Este se presentará el próximo viernes en una comisión parlamentaria.
En la presentación, también estuvo la viceconsejera de Planificación Territorial y Reto Demográfico, Elena Zárate, y el director general de Ordenación del Territorio y Cohesión Territorial, Onán Cruz. Estos han coordinado los trabajos de actualización.
Esta actualización reducirá en un 40% el contenido de los planes generales. El objetivo es facilitar y agilizar su tramitación, en una clara apuesta por la ordenación estructural y estratégica frente a la pormenorizada, tal y como han solicitado mayoritariamente los técnicos expertos que han participado durante el último año en su estudio.
Reducción de los plazos de tramitación
Segú Miranda, “la actualización de la Ley del Suelo va a suponer un salto cualitativo en los principios de simplificación y racionalización que la inspiraron hace más de 7 años, con mejores herramientas para la protección del territorio, y con medidas específicas para dar respuesta directa a los desafíos del reto demográfico y la agenda urbana, para reducir los plazos de tramitación, para facilitar las licencias de edificación, para incentivar la construcción de viviendas y para intentar fijar la población en los municipios de menos de 10.000 habitantes, a los que vamos a dar el trato preferencial que demandan y se merecen”.
Entre las modificaciones más destacadas, se encuentra la reducción de los plazos de tramitación al mínimo permitido por la legislación estatal, la eliminación de fases innecesarias y la simplificación de los instrumentos de ordenación. Estas acciones garantizarán una mayor eficiencia y rapidez en la gestión urbanística.
Asimismo, los ayuntamientos verán incrementado su patrimonio de suelo público con la ampliación del porcentaje de cesión de aprovechamiento del 10% al 15%. Además, el porcentaje de suelo destinado a vivienda pública experimentará un aumento significativo, favoreciendo el acceso a la vivienda para los ciudadanos.
Finalmente, este conjunto de medidas permitirá avanzar hacia una gestión del suelo más eficiente y sostenible en Canarias, garantizando un equilibrio entre desarrollo económico, protección medioambiental y bienestar social.
