Entre los asuntos tratados este miércoles en la sesión plenaria del Parlamento, también se ha abordado la declaración BIC de los carnavales de las islas
Canarias registró 496 accidentes laborales menos en 2025 que el año anterior, lo que supone un descenso del 4,94%, pese a contar con el mayor número de personas ocupadas de su historia. Sin embargo, aumentaron los accidentes graves y mortales. Se contabilizaron siete accidentes mortales “in itinere” y 28 accidentes graves, once de ellos por infarto de miocardio.
La consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, en respuesta a una interpelación del diputado del PSOE, Gustavo Santana, anunció medidas como la elaboración, junto con la DGT, de una guía de buenas prácticas para crear un sello de movilidad segura en empresas. En 2025 se realizaron 110 visitas a empresas (incluidos polígonos industriales) para prevenir caídas en altura.
También se impulsaron acciones específicas: cuatro jornadas sobre seguridad para empleadas del hogar y la creación de una Mesa Técnica; visitas a 453 empresas de hostelería para investigar accidentes leves y un segundo estudio sobre condiciones ergonómicas y psicosociales en el sector hotelero; y el refuerzo de la Red Centinela para detectar enfermedades profesionales.
De cara a 2026, se pondrá en marcha un programa de seguimiento y asesoramiento técnico para empresas con mayor índice de incidencia, con especial atención al sector comercial y a los accidentes por sobreesfuerzos en el comercio minorista.
Bonificación en el parking de los aeropuertos canarios
El Parlamento de Canarias ha aprobado, con el apoyo de todos los grupos salvo Vox (que se abstuvo), una proposición no de ley para solicitar una bonificación del 75% en el coste del parking de los aeropuertos canarios para los residentes.
El porcentaje fue concretado por el diputado del PP, Jacob Qadri, durante el debate. Además, se incorporó una enmienda de Nueva Canarias que prioriza a determinados colectivos: personas que viajen por motivos sanitarios o de estudios, trabajadores que se desplacen entre islas de forma habitual, familias monoparentales, personas con bajos ingresos y cuidadores.
En el debate hubo consenso en que volar en Canarias es una necesidad y que, en ocasiones, el coste del aparcamiento supera el del billete. Los grupos criticaron las tarifas de Aena, calificándolas de excesivas. Aunque algunos diputados dudaron de que la medida sea fácil de aplicar o de que Aena la acepte, defendieron la necesidad de buscar fórmulas para abaratar los precios.
Vox justificó su abstención al considerar que establecer criterios de prioridad social contradice el actual sistema de bonificación del 75% en los billetes, que no distingue entre residentes. También se planteó que una mayor participación de Canarias en la gestión aeroportuaria permitiría aplicar tarifas más ajustadas.
Fondos de Empleo
La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, denunció en el Parlamento el retraso “sistemático” del Estado en la transferencia de fondos para los planes de empleo social, que suelen llegar en octubre o noviembre. Este retraso impide que muchos beneficiarios coticen los 12 meses necesarios para cobrar el paro al año siguiente.
El diputado de CC, Francisco Linares, calificó la situación de “negligencia”, señalando que en municipios como La Orotava la mitad de las 80 personas en planes de empleo social no podrá acceder al desempleo el próximo año por no completar el periodo mínimo de cotización. Subrayó que para estas personas vulnerables la diferencia entre cobrar 900 euros de paro o 450 de ayuda es crucial.
De cara a 2026, la consejera explicó que las políticas activas de empleo se centrarán en la “formación para la inserción”, ya que el 50% de los desempleados solo tiene estudios primarios. Se destinarán 67,5 millones de euros para formar a 40.000 personas, incorporando como novedad la teleformación online y adaptando los programas a las demandas empresariales.
Además, los planes de empleo social contarán con 37 millones de euros, incluyendo 5 millones para mayores de 45 años (con prioridad a mayores de 52) y la reserva del 7% de las plazas para personas con discapacidad.
Cribado de cáncer de cérvix
La consejera de Sanidad de Canarias, Esther Monzón, confirmó que el programa de cribado de cáncer de cérvix comenzará en el segundo semestre del año. Se implantará progresivamente en varias áreas de salud hasta cubrir a unas 635.000 mujeres de entre 25 y 65 años. Las destinatarias recibirán una carta o SMS para realizarse una citología cervical (cada tres años en el caso de las mujeres de 25 a 29 años).
Monzón atribuyó el retraso a problemas con el sistema informático y señaló que actualmente solo ocho comunidades autónomas tienen implantado este programa.
El diputado del PSOE, Miguel Ángel Pérez del Pino, criticó la demora, asegurando que se trata de falta de voluntad política y no de un problema técnico. Acusó al Gobierno canario de mala gestión y de vulnerar el derecho de las mujeres a una sanidad completa, recordando además que su madre falleció por este cáncer.
La consejera respondió que el anterior Gobierno del PSOE tampoco puso en marcha el programa y que en 2022 lo dejó paralizado al priorizar la actualización del cribado de cáncer de colon. Defendió que la implantación actual busca ser sólida y sostenible, y no una medida improvisada.
Declaración de BIC de los carnavales
El pleno del Parlamento de Canarias ha acordado instar al Gobierno autonómico a estudiar la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) de los carnavales de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife y la Fiesta de Los Indianos, en La Palma, con la participación de ayuntamientos y agrupaciones.
El grupo proponente, el PP, ha aceptado sendas enmiendas de CC y PSOE, partidos que gobiernan en las dos capitales canarias y cuyos alcaldes habían expresado su rechazo a esta iniciativa, en las que se incluye a los municipios y a los protagonistas de las fiestas en el análisis de la figura de protección que resulte más conveniente para cada caso.
Y es que tal y como han afirmado la mayoría de los intervinientes en el debate, esta proposición no de ley es bienintencionada pero la declaración BIC como bien inmaterial se podría «encorsetar» las fiestas y provocar su «fosilización», ha deslizado el diputado de CC y alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez.
Reticencias a la declaración BIC
El regidor de la capital tinerfeña ha reivindicado que el carnaval «no necesita grandes discursos para defenderlo sino que lo dejemos vivir».
Si bien ha reconocido que hay quienes «lo miran con recelo» y quienes lo «atacan de manera sibilina con denuncias, restricciones desproporcionadas y procedimientos que convierten la convivencia en un litigio permanente».
De ahí que ha concedido que comparten «el fondo» de la iniciativa del PP, que lo que busca es «proteger su celebración y asegurar su continuidad», según ha explicado el diputado popular Carlos Ester.
Sin embargo, ha apuntado Bermúdez, existe debate sobre la figura de protección más adecuada para cada fiesta, y en el caso del Carnaval de Santa Cruz hay que tener en cuenta que es una fiesta «en evolución continua», y por eso «hay que estudiar con rigor antes que decidir».
La cuestión, ha añadido, es que dentro de 50 años «la gente pueda salir a la calle sin miedo a lo que pueda decidir un juzgado».
Grupos parlamentarios
Patricia Hernández (PSOE) ha saludado la «iniciativa bienintencionada» del PP para «actuar contra las fuerzas que quieren impedir la celebración de la fiesta», así como la mediación del consejero de Educación, Poli Suárez, para acordar una enmienda transaccional para evitar «consecuencias no deseadas».
Raúl Acosta (AHI) ha advertido de que hay que «tener cuidado» con las declaraciones BIC porque si se usan en exceso «se desvirtúa la protección» y Jesús Ramos (ASG) ha recalcado que el carnaval es «una manifestación viva que no podemos encorsetar».
Nicasio Galván (Vox), único grupo que se ha abstenido en la votación de esta iniciativa, ha reclamado «que los políticos saquen las manos del carnaval» y ha arremetido contra el eslogan del Gobierno de Canarias «haz lo que te salga del pito» y el reparto de preservativos cuando «hay canarios sacando comida de la basura».
También se ha quejado de «la obscenidad» de algunos números de la Gala Drag del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria y de «la fijación» de algunos con la religión católica, y ha dicho que espera que en próximas ediciones «usen imágenes de Alá y de Mahoma, ¿o no se atreven?».
Carmen Hernández (NC) ha ironizado con que, tras escuchar la intervención del diputado de Vox, «nos quedamos tranquilos porque sabemos que vio la Gala Drag y la disfrutó. Buena noticia para la libertad y la diversidad», ha rematado.
Fondos Next Generation
El consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata, solicitó también en el Parlamento el apoyo del PSOE canario para lograr una ampliación del plazo de ejecución de los fondos europeos Next Generation, ante el riesgo de perder “decenas de millones de euros”. Según explicó, el actual límite temporal dificulta completar la gestión de unas ayudas que, de no prorrogarse, podrían obligar a la comunidad autónoma a devolver importantes cantidades a Bruselas.
La petición se produjo en respuesta a una interpelación de la diputada socialista Alicia Vanoostende, quien acusó al consejero de buscar “falsos culpables” para ocultar lo que calificó de “nefasta gestión”. Señaló que de los 500 millones asignados a la Consejería solo se han ejecutado 157 millones y advirtió de que el plazo expira en agosto, siendo improbable una prórroga por parte de la Unión Europea. Además, denunció que programas como las ayudas para vehículos eléctricos, puntos de recarga y placas fotovoltaicas apenas alcanzan un 20% de ejecución, dejando en el aire unos 100 millones de euros.
Vanoostende reclamó un plan realista, un refuerzo inmediato de personal y la implicación de otras consejerías para evitar pérdidas. Por su parte, Zapata responsabilizó de los retrasos al Ministerio para la Transición Ecológica por una “mala previsión” al fijar plazos ajustados para líneas de subvención complejas, así como al anterior Ejecutivo canario por demoras en bases y convocatorias.
El consejero defendió que su equipo ha acelerado la tramitación, concediendo 38,8 millones y gestionando 8.500 expedientes en dos años, frente a los 12,8 millones y 1.900 expedientes del periodo anterior. Afirmó que ya se han concedido 252 millones, pero insistió en que muchos fondos siguen en riesgo si no se amplía el plazo.
