El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, espera que no ocurra, pero ya advierte de que se pondrán medidas para evitarlo con las fuerzas de seguridad del Estado
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El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha expresado su confianza en que ninguna comunidad impida la distribución de menores migrantes procedentes de Canarias, pero ha avisado de que, en caso de que suceda, «lógicamente tendrían que intervenir las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y hacer que se cumpla la legislación».
Confianza en que acatarán la ley
El ministro ha hecho estas declaraciones en una entrevista en TVE recogida por Europa Press. En ella, ha reiterado su confianza en el cumplimiento del decreto aprobado por el Consejo de Ministro. «No me cabe que ningún presidente o presidenta vaya a no cumplir la ley», en relación a aquellas comunidades gobernadas por el PP que han expresado su voluntad de recurrir el decreto.
Y ante estos posibles recursos, se ha mostrado también seguro de que «no tendrán ningún recorrido». «Han ido al Tribunal Constitucional, algunas han ido al Supremo. Adelantan o avanzan que van a ir, están en su derecho, pero creo que hemos hecho una modificación legislativa absolutamente justa», ha indicado Torres. Ha expresado su deseo de que «algunos reflexionen al respecto».
Críticas al Govern balear
En este sentido, calificó de «lamentables» las críticas de la presidenta de Baleares, Marga Prohens, al decreto. Le reprocha que «ni siquiera haya enviado el certificado de los menores que tenía en su comunidad autónoma como se requirió desde el Ministerio de Infancia».
Advirtió, además, al Govern balear de que «es una comunidad que podría llegar a contingencia migratoria al multiplicar por tres su capacidad ordinaria y tener que acogerse al real decreto que su partido no votó, pero que es justo y es de solidaridad obligatoria».
Asimismo, ha garantizado el apoyo económico para la acogida de menores. Recordó que ya existe una partida económica inicial de 100 millones de euros. «Lo hemos hecho en el año 2022, en el 2023, con las conferencias sectoriales, implementando fondos económicos a las comunidades que cogían a estos menores. Así que el problema no es el apoyo económico que está garantizado por parte del Gobierno de España», ha concluido el titular de Política Territorial.
