Una denuncia a Inspección de Trabajo alertó de que Rafael Hernández empleaba a menores migrantes en sus fincas
La Inspección de Trabajo de Las Palmas ha abierto un expediente contra el presidente de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) de Canarias, Rafael Hernández. Se le acusa de haber empleado a migrantes menores en sus fincas de forma presuntamente ilegal. El expediente tuvo su origen en una inspección que se efectuó el pasado 20 de junio en una finca propiedad de Hernández.
Mediante la denuncia de un ex trabajador ante la Inspección de trabajo se propició la inspección. Los menores estarían alojados en el centro Tagoror de Gran Canaria, dirigido por su hija, bajo la tutela del Gobierno de Canarias. Presuntamente, los llevaba a trabajar a fincas en Tafira y La Aldea, con ayuda de su yerno. También contaban con la supuesta connivencia de una trabajadora social del centro de internamiento en régimen semiabierto. Instalación que depende de Asociación Oportunidades de Vida presidida por Hernández.
Las supuestas irregularidades fueron denunciadas ante la Fiscalía Provincial de Las Palmas, que indica que a los menores les pagaba entre 20 y 25 euros por largas jornadas de trabajo. Si no tenían un comportamiento correcto en el centro donde pernoctaban, se les descontaba dinero.
Los hechos denunciados narran que se aprovechó de su «situación de poder para lucrarse en beneficio propio a expensas de los menores» que residían en Tagoror. «Siendo llevados a trabajar repetidamente y de manera irregular a las tierras» propiedad del presidente de COAG-Canarias.
Rafael Hernández niega los hechos
Rafael Hernández ha negado haber contratado de «manera ilegal a nadie». Manifiesta estar «sorprendido», después de haber dedicado toda su vida a colaborar e impulsar trabajos sociales.
Ha explicado que la COAG ofreció el pasado año un programa piloto de formación para menores migrantes, con el fin de buscarles una salida, que contó con subvención de la Consejería de Empleo del Gobierno de Canarias y pasó las inspecciones correspondientes para su puesta en marcha.
Hernández ha señalado que algunas de las prácticas de formación se hacían en su finca, pero no todas, y que al programa accedieron menores migrantes de distintos centros de la isla, no solo el que dirige su hija.
Ha admitido que Inspección de Trabajo efectuó una inspección en junio de 2023 en su finca y ha alegado que aportó toda la documentación requerida. También ha manifestado que, desde entonces, no ha tenido ninguna comunicación al respecto, por lo que ha considerado que «todo obedece a una confusión que se resolverá, pero el daño está hecho».
El presidente de la GOAG no entiende lo ocurrido, pero lo que más ha lamentado es que «se está poniendo en peligro una labor importante para ofrecer salidas a los menores inmigrantes». Según Hernández, el curso concluyó con una evaluación satisfactoria. Actualmente, se encontraban tramitando uno nuevo para este año.
