Un informe del Servicio Jesuita de Migrantes asegura que los CIE deberían cerrarse por el coste «económico, social y humano» que suponen
Un total de 1.863 migrantes fueron privados de libertad en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) en 2024. El 70 % de ellos fueron recluidos en ellos antes de ser expulsados solo por estar en situación irregular en España, sin que hubieran cometido ninguna otra falta administrativa ni delito.
El último informe del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), dado a conocer este lunes bajo el nombre ‘Raíces tras los muros‘, revela estos datos. Unos datos solicitados por la entidad a la Policía Nacional para conocer la realidad de estos centros no penitenciarios contemplados en la ley de extranjería para facilitar la repatriación.
La información recopilada muestra que el número de personas internadas bajó respecto a las 2.085 de 2023 y a las 2.276 de 2022. Con algunos altibajos, se han reducido notablemente las cifras de internamiento desde los 17.203 de 2009 hasta ahora, especialmente a partir de la pandemia.
Un «sufrimiento innecesario»: el 44 % no es repatriado
La investigación analiza la causa de salida de todos los internos que abandonaron los CIE en 2024. Y concluye que solo el 55,6 % fue finalmente expulsado o devuelto del territorio, la función para la que fueron concebidos estos centros. Mientras que el 42,84 % fue liberado.
Para el SJM, estas cifran ponen de relieve «hasta qué punto el internamiento inflige un sufrimiento innecesario y costoso» en muchas personas que son liberadas. Tras «una inútil privación de libertad» que supone «un enorme coste económico, social y, sobre todo, humano».
Desde la entidad han subrayado que su objetivo final es el «cierre o la humanización de estos lugares oscuros y de muerte«.
Internados tras más de 15 años viviendo en España
La publicación también documenta el perfil de los internos a través del testimonio de más de 600 personas a las que la entidad visitó en estos centros a lo largo de 2024. Y llama la atención sobre el amplio arraigo de muchos de ellos. De 297 migrantes que aportaron este tipo de información, la mitad llevaba varios años en España.
En concreto, el 59,6 % había residido en el país entre 1 y 7 años hasta su internamiento; el 15,82 % contaba con más de 15 años de estancia en España; el 13,47 %, entre 7 y 15 años, y solo el 11,11 % llevaba menos de un año.
Muchas de estas personas tenían «raíces» en España, con familiares directos en el país e incluso hijos a su cargo. Y extensos tiempos de estancia regular y empleo a sus espaldas, subraya el informe.
«Vidas que se rompen detrás de los CIE»
Una de las voluntarias que acude a los CIE a hacer visitas de acompañamiento, Cel Far Sicart, ha relatado en la presentación del informe que es testigo de «vidas que se rompen detrás de los CIE«. Todo al ver cómo personas con familia en España o con voluntad de volver a su país de origen están privadas de libertad.
Además, ha añadido que a menudo se olvida que «detrás de cada número hay una persona con nombre, esperanza y derechos» . Y ha cuestionado por qué se continúa pidiendo arraigo a las personas migrantes para acceder a ciertos derechos cuando, después, eso no se tiene en cuenta a la hora de llevarles a un CIE.
De las 611 personas acompañadas por el SJM, las nacionalidades más frecuentes son la marroquí (30,44 %), la colombiana (16,04 %) y la peruana (8,18 %).
