Las universidades públicas canarias se alían para exigir la financiación que fija la ley

La ULL y la ULPGC crean una asociación histórica para defender la educación superior en las islas y visibilizar su impacto económico

Las universidades públicas canarias fundaron este jueves una asociación conjunta en La Laguna para reclamar una financiación justa. Los rectores firmaron el acta constitucional con el objetivo de promover la cooperación y proteger sus intereses comunes.

Las universidades públicas canarias se alían para exigir la financiación que fija la ley
Las universidades públicas canarias se alían para exigir la financiación que fija la ley / Universidad de La Laguna

El rector de la Universidad de La Laguna, Francisco García, ejerce ya la primera presidencia rotatoria de la entidad. El dirigente calificó este nacimiento como un acontecimiento histórico para el archipiélago. De este modo, la comunidad educativa dispondrá de una herramienta fuerte frente a los desafíos actuales.

En consecuencia, los rectores aclararon que la asociación no actúa como un grupo de presión contra nadie. García matizó que la defensa de los centros públicos resulta obligatoria en estos tiempos. Según su criterio, el populismo y el simplismo amenazan hoy el rigor académico.

Por su parte, el rector de la ULPGC, Lluís Serra, respaldó plenamente estas palabras de unidad. El representante insistió en hacer más visible la oferta de la educación pública. Además, recomendó esperar unos años para valorar la actual eclosión de centros privados.

La reclamación del presupuesto legal

La principal meta de la asociación consiste en exigir el cumplimiento de la ley universitaria. La normativa estatal establece que los centros deben percibir el 1 % del PIB regional. Esta cifra alcanzaría los quinientos millones de euros anuales en Canarias.

En la actualidad, la partida presupuestaria se sitúa muy por debajo de los 300 millones. Por este motivo, la nueva entidad exige reglas claras y controles rigurosos en el mercado educativo. Los rectores consideran que la situación financiera actual perjudica el desarrollo de las islas.

Así, la primera medida del colectivo será será dirigirse al Gobierno de Canarias para informarle de la puesta en marcha de esta asociación y para ponerse a su disposición para trabajar en el «interés común que tenemos».

El impacto real en la sociedad canaria

La asociación representa a una comunidad de 45 mil ciudadanos del archipiélago. Este grupo incluye a estudiantes, investigadores, docentes y personal de administración. Todos ellos exigen voz activa en el diseño del futuro de Canarias.

Asimismo, las dos instituciones aportarán datos para visibilizar su enorme peso económico. Ambas entidades generan el 2,5 % del PIB de la comunidad. Esta aportación se traduce en mil trescientos millones de euros anuales.

Finalmente, los promotores impulsarán campañas de difusión, foros de debate y estudios científicos. También mejorarán los contactos con los agentes sociales y económicos de la región. Para ello, mantendrán la estrecha colaboración con otras asociaciones similares de España.

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