Alberto Rodríguez asegura que se trata de Enrique Quintana al que señalan como un dirigente socialista de Gáldar que fue detenido en relación al centro de menores cerrado este jueves
El diputado de Vox por Las Palmas Alberto Rodríguez y su portavoz en el Parlamento de Canarias, Nicasio Galván, han señalado este sábado que uno de los dos arrestados por el cierre del centro de acogida de menores inmigrantes de Arinaga, en Gran Canaria, gestionado por Quórum Social 77, es un dirigente socialista del municipio de Gáldar. En un comunicado, ambos representantes de Vox han indicado que se trata del socialista Enrique Quintana, director de varios centros y miembro del PSOE en la Secretaría de Acción Social de Gáldar.
Detenciones
El juez de Violencia sobre la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria ordenó el pasado jueves el cierre del centro con 148 menores inmigrantes en Arinaga. Era una ampliación de las investigaciones sobre los recursos de acogida que la asociación Quórum Social 77 gestiona para el Gobierno de Canarias.
La Policía detuvo ese día a dos personas, que tras pasar a disposición judicial quedaron en libertad, y que según Vox, son la presidenta de la entidad, Delia García, y el socialista Enrique Santana.
Críticas al PSOE
Para Vox, lo sucedido en el centro clausurado evidencia «que el PSOE es, en sí mismo, una trama de corrupción y que la inmigración ilegal masiva es un negocio multimillonario promovido por el PP, el PSOE y Coalición Canaria”.
Se trata de «un negocio a costa de vidas ajenas y muertes en el Atlántico, y para los barrios y ciudades cercadas por centros de inmigración ilegal conlleva una alteración en la convivencia, inseguridad, acoso sexual y violencia», señala el comunicado.
Rodríguez ha recalcado en la nota que el coste por cada inmigrante ilegal menor no acompañado es de 155 euros diarios, por lo que se ha cuestionado «cuántas familias canarias» querrían ese dinero para la manutención de sus hijos.
Rapatriación
Galván y Rodríguez han reclamado también la repatriación para los inmigrantes que «no han venido a integrarse, sino a imponer una forma de vida incompatible con nuestros derechos y libertades».
Lo que ha pasado con Quorum, según Rodríguez, «es algo que desde el Parlamento de Canarias venimos criticando comisión a comisión, pleno a pleno, y es el despilfarro y gasto para la inmigración ilegal masiva está vaciando las arcas públicas».
Durante 2024 el Gobierno de Canarias ha gastado más de 200 millones de euros en la gestión de estos centros gestionados por ONG, ha subrayado Rodríguez.
Según Vox los «sucesos reiterados alrededor de la inmigración ilegal desbordada son la señal para tomar decisiones valientes y poner freno a este fenómeno, acabando con el tráfico de personas y reforzando la seguridad de nuestras fronteras».
