La ley de Economía Social de Canarias pretende regular el conjunto entidades que integran la economía social de Canarias, como cooperativas, mutualidades y asociaciones. Además, quiere reconocer, fomentar, orientar e impulsar su papel dentro de la economía.
El Parlamento de Canarias ha dado este lunes el visto bueno a la tramitación de este anteproyecto de ley. Su fin principal es potenciar la presencia, crecimiento e influencia de estas entidades en todos los campos de la acción social, económica y empresarial, ha destacado la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, Elena Máñez.
Aunque no ha habido votación porque no se ha presentado ninguna enmienda a la totalidad, los grupos han anunciado que presentarán enmiendas para enriquecer el texto.
El diputado de CC José Miguel Barragán, el más crítico con el texto propuesto por el Gobierno, ha insistido en la importancia del consenso político.
La consejera ha abogado por esta norma para dar un «impulso necesario» a la economía social, «más importante que nunca» en la recuperación económica, de ahí la necesidad de generar un marco jurídico que la respalde.
El diputado de CC José Miguel Barragán ha criticado que la ley le falta ambición e innovación, pues «no tiene garra». Ha exigido que se adapte la norma a la realidad de Canarias.
Además de consenso, ha reclamado al Gobierno que incorpore un plan con ficha financiera porque, de lo contrario, no va a servir esta norma que, en su opinión, debe estar enfocada a dar mayor visibilidad a las asociaciones.
Los grupos han anunciado que presentarán enmiendas
El diputado del PP Carlos Ester ha destacado que la economía social es importante para la generación de nuevas oportunidades de creación de empleo y contribuye al desarrollo social y económico de forma equitativa y solidaria.
El diputado de Sí Podemos Canarias Manuel Marrero ha indicado que la economía social, que debe ser independiente a los poderes públicos, es «una alternativa» para lograr empleo de calidad en tiempos de crisis para conseguir un sistema «más justo y equitativo».
El diputado de Nueva Canarias Luis Campos ha opinado que las entidades de economía social es un activo de gran valor para el desarrollo local de cualquier territorio, lo que recoge este anteproyecto de ley, que, a su juicio, no debe dirigirse a estas entidades desde un punto de vista paternalista.
El diputado de la Agrupación Socialista Gomera Jesús Ramos ha abogado porque las empresas de economía social se extiendan por todas las islas, para lo que es «primordial» que la futura ley les dé el precio que merecen.
El diputado del grupo Mixto Ricardo Fernández de la Puente, de Ciudadanos, ha pedido el máximo consenso posible. La diputada del grupo Mixto Vidina Espino ha reclamado que esta ley debe servir para mejorar el bienestar social y para que aumenten las empresas de este tipo.
