El acuerdo entre ambas administraciones evita la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional en relación a lo dispuesto para las pensiones no contributivas en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma
El Gobierno de España y el Gobierno de Canarias han alcanzado un acuerdo para modificar varios aspectos de la Ley 9/2025 de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2026, con el objetivo de garantizar que los beneficiarios de pensiones no contributivas no pierdan ingresos. El pacto se ha cerrado en el seno de la Comisión Bilateral de Cooperación entre ambas administraciones.
El acuerdo, suscrito por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, permite resolver las discrepancias competenciales detectadas por el Estado sobre determinados artículos de la norma autonómica, evitando así la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional.
La controversia se centraba en la compatibilidad entre la pensión no contributiva estatal y el complemento económico que otorga el Gobierno de Canarias. Según la normativa estatal, si la suma de ambas prestaciones supera el límite establecido en los Presupuestos Generales del Estado, el beneficiario podría verse obligado a renunciar a una de ellas, generalmente al complemento autonómico.
Importe máximo dentro del marco legal vigente
Para evitar esta situación, el Ejecutivo canario se ha comprometido a introducir modificaciones en la ley presupuestaria de 2026 que aseguren que los ciudadanos no pierdan poder adquisitivo. De este modo, se garantizará que los pensionistas puedan percibir el importe máximo posible dentro del marco legal vigente, según señaló el ministro Torres en el programa de Televisión Canaria, ‘Buenos días, Canarias’.
El ministro Torres ha valorado positivamente el pacto, destacando que es fruto del diálogo institucional y de la voluntad del Gobierno de España de alcanzar soluciones consensuadas. Asimismo, ha subrayado que el acuerdo aporta seguridad jurídica y protege a miles de pensionistas en Canarias.
Con esta medida, ambas administraciones refuerzan la cooperación y evitan posibles conflictos legales, al tiempo que garantizan la estabilidad económica de los beneficiarios de estas prestaciones.
