Los alcaldes de Lanzarote respaldan la Declaración de Emergencia Social por la presión migratoria

Declaración de Emergencia Social por la presión migratoria en la isla y la situación de los menores migrantes no acompañados

La Mesa de Alcaldes de Lanzarote. Imagen Cabildo de Lanzarote / Europa Press
La Mesa de Alcaldes de Lanzarote. Imagen Cabildo de Lanzarote / Europa Press

La Mesa de Alcaldes de Lanzarote ha respaldado la Declaración de Emergencia Social rubricada este martes por el presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, por la presión migratoria y la situación de los menores migrantes no acompañados en la isla.

La Corporación insular ha informado que Betancort explicó a los ediles que la decisión se tuvo que adoptar porque las instalaciones para acoger a estos jóvenes están desbordadas y que se enfrentan a un segundo semestre complicado.

«Con unos 250 menores migrantes a nuestro cargo de forma regular, Lanzarote está soportando una presión migratoria insostenible. Y la situación no mejorará en las próximas semanas. Así que la firma de este Decreto busca que estemos preparados y lograr mejores infraestructuras en caso de que sea necesario. Porque lo contrario sería de irresponsables», ha subrayado.

El presidente del Cabildo de Lanzarote ha agradecido el apoyo de los máximos representantes municipales ante una medida de este tipo, comprometiéndose a mantenerlos «rigurosamente informados» sobre la posible apertura de cualquier recurso de acogida temporal en sus municipios.

Preparase para un segundo semestre complicado

Por su parte, en presencia de los alcaldes de Tinajo, Yaiza, Haría, San Bartolomé, Tías y Arrecife, y ante la alcaldesa de Teguise, el consejero de Bienestar Social del Cabildo de Lanzarote, Marciano Acuña, ha pormenorizado las claves de la herramienta empleada.

«Esta Declaración de Emergencia Social –manifestó– nos permitirá estar preparados ante lo que vendrá en breve, porque tenemos que atender a estos niños y niñas que llegan».

También explicó que actualmente Lanzarote no dispone de los recursos necesarios, «hasta que no cambie la Ley de Extranjería y se establezcan unos criterios justos en el reparto de menores entre las 17 comunidades autónomas españolas».

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