La organización denuncia que el Gobierno de Maduro está cometiendo un crimen de lesa humanidad y pide el fin «sin demora» de esta práctica. Considera que es un ataque sistemático contra la población
Amnistía Internacional ha denunciado este martes que las autoridades venezolanas «han cometido, y siguen cometiendo» desapariciones forzadas «como parte de su política de represión contra la disidencia». Son algunas de las conclusiones de un informe que estudia la situación de 15 casos documentados por la organización desde julio de 2024, de los cuales once permanecen sometidos a desaparición forzada, entre ellos ciudadanos de Estados Unidos, Francia, España, Ucrania, Colombia y Uruguay.
Casos españoles
Los casos españoles son Andrés Martínez y Jose María Basoa, detenidos en septiembre de 2024, acusados de pertenecer presuntamente al servicio de inteligencia español (Centro Nacional de Inteligencia, CNI) y de integrar una supuesta red de «mercenarios» cuyo objetivo sería atentar contra el gobierno de Venezuela.
«Ambos hombres habían ingresado al país con fines turísticos, y las autoridades españolas negaron cualquier vínculo entre ellos y el CNI. Hasta la fecha, permanecen desaparecidos de manera forzada», según Amnistía. Al cierre del su informe, la organización toma nota de al menos 46 personas podrían estar desaparecidas forzadamente, según información recabada por otra organización, Foro Penal, vinculada a la oposición venezolana.
Detenciones arbitrarias
Amnistía reitera que, en la mayoría de los casos que ha analizado, la detención tiene un carácter «arbitrario, al carecer de base legal», y señala que en «prácticamente todos» ellos la motivación tuvo carácter político bien por su participación en protestas o en medios críticos con el Gobierno venezolano.
Así las cosas, Amnistía Internacional y su secretaria general, Agnés Callamard, concluyen «que estas graves violaciones de derechos humanos y crímenes de Derecho Internacional se están cometiendo como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil en Venezuela».
«Ante la incesante comisión de crímenes de derecho internacional, incluidos crímenes de lesa humanidad, y una imperante impunidad en el país, llamamos a la Fiscalía de la CPI a avanzar de manera firme sobre la situación en Venezuela, y considerar incluir el crimen de lesa humanidad de desaparición forzada en su investigación,» ha manifestado Callamard.
«Las autoridades venezolanas deben poner fin a la práctica de las desapariciones forzadas sin excusas ni demoras. Las familias tienen el derecho a conocer la suerte y el paradero de quienes han sido desaparecidos forzadamente. Además, todas las personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos deben ser liberadas inmediatamente», ha añadido.
