Se trata de las escuelas infantiles que dependen de la Consejería de Bienestar Social. Se ha anunciado el cierre de dos pero los trabajadores creen que cerrarán otras once
Los comités de empresa de la Consejería de Bienestar Social de Canarias han anunciado este martes el inicio de movilizaciones contra el cierre de las escuelas infantiles dependientes de este departamento. Unas protestas que no serán solo laborales sino también vecinales, dado el «perjuicio que supone para las familias de los barrios afectados».
Por ahora, la Consejería ha anunciado el cierre de dos de las escuelas, las de Anaga, en Santa Cruz de Tenerife, y Las Folías, en Las Palmas de Gran Canaria, pero los representantes sindicales están convencidos de que es el preludio del cierre de las otras once dependientes de Bienestar Social.
Los trabajadores han manifestado su disposición a negociar el traspaso de estos centros a la Consejería de Educación, pero han exigido que no se utilice ese proceso para actuar “con mala fe”, cerrando escuelas o favoreciendo al sector privado mediante subvenciones.
Las escuelas deben continuar, son espacios de socialización temprana y un apoyo a las familias vulnerables y a la igualdad de las mujeres. Y el riesgo es que familias enteras queden en la desprotección social o se vean obligadas a desplazarse lejos para que sus hijos sean atendidos en otros centros.
71 familias afectadas hasta ahora
En el caso de las dos escuelas cuyo cierre ha anunciado el Gobierno de Canarias, son más de 71 familias afectadas, a las que, según los cálculos de los sindicatos, seguirán las que tienen a sus hijos en las otras once escuelas públicas.
Sin escuelas públicas, se dificulta que las familias jóvenes tengan hijos, aumentan los costes de crianza y tener hijos se convierte en un lujo, han argumentado después de que la Consejería achacara el cierre a la baja natalidad.
En todo caso, «la baja natalidad no hay que favorecerla cerrando servicios, sino que hay que aprovecharla para mejorar la calidad, que pasa por reducir las ratios, ofrecer una atención más personalizada y avanzar en los estándares pedagógicos», han señalado las representantes del comité de empresa Nazaret Alonso, Trina Pérez, Rosa Elena Bethencourt y Yolanda Cívicos.
Han acusado a Bienestar Social de ir deteriorando el servicio para justificar los cierres, así como de conminar a las familias a que no matriculen a sus hijos y a que piensen en desplazarse a otros centros fuera de sus barrios.
Renovación de matrícula
Por el contrario, los trabajadores han pedido que todas las familias afectadas renueven las matrículas de sus hijos e hijas, ya sea de forma telemática o en el registro general de la comunidad autónoma. «Cuando la administración pone obstáculos, la sociedad los salta», han advertido.
También han denunciado que Bienestar Social está vulnerando el derecho de las familias a elegir un centro cercano y perjudicando a los menores, cuyo interés superior debería primar, al romper procesos educativos ya iniciados. Asimismo, han señalado que se está vulnerando el derecho de los trabajadores a la negociación colectiva, ya que no se les ha presentado ningún informe ni justificación por escrito sobre los cierres, ni se ha negociado con la treintena de empleados afectados.
«Las comunidades se están organizando para evitar los cierres», están movilizadas las asociaciones vecinales, las familias y «barrios enteros», han advertido los representantes sindicales, que anuncian la posibilidad de acciones judiciales en defensa del derecho a la negociación colectiva si el Gobierno de Canarias no rectifica.
