Félix Bolaños ha convocado este lunes la Conferencia Sectorial de Justicia, para estudiar la tercera fase de la implementación de los nuevos tribunales en las comunidades con las competencias transferidas
El ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha convocado este lunes la Conferencia Sectorial de Justicia, que reunirá al Ministerio con las comunidades autónomas con las competencias transferidas para valorar la constitución de los tribunales de instancia, cuya última fase se prevé que comience el próximo 1 de enero.
El Ministerio convocó el pasado 12 de diciembre la reunión, que se celebrará por videoconferencia, a través de una nota de prensa, en la que señaló que su «principal objeto» es estudiar la tercera fase de la implementación de los nuevos tribunales en las comunidades con las competencias transferidas. Dichas comunidades son Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cataluña, Cantabria, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia, País Vasco, La Rioja y Navarra.
Por contra, «en las comunidades en las que el Ministerio es el competente en materia de Justicia está todo a punto para esa fecha y se prevé que así sea en la práctica totalidad del territorio», detallaba la nota.
No obstante, avanzó que «si los consejeros de las comunidades con la competencia transferida solicitan una prórroga breve para culminar la tercera fase en algún partido (judicial) concreto al amparo de lo previsto en la propia ley, el Ministerio lo apoyará».
El CGPJ reclama medidas para evitar «carencias»
Cabe recordar que la constitución de estos tribunales se enmarca dentro de la Ley de Eficiencia de la Justicia que, según el Ministerio, «hará este servicio más ágil, flexible, cercano y digital y que moderniza una planta judicial diseñada en el siglo XIX».
Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pidió al Ministerio antes de conocerse la convocatoria que tome medidas para evitar las «carencias» de los juzgados antes de la implementación de los tribunales de instancia.
Así, el Consejo recogió en una nota de prensa la «preocupación» de los decanos de los seis principales partidos judiciales de España y la trasladó al departamento encabezado por Bolaños y a las comunidades autónomas con competencias transferidas de Justicia.
Asimismo, les requirió actuar para evitar el extravío de expedientes judiciales y demoras en su tramitación y así «garantizar la continuidad y el buen funcionamiento del servicio, con el fin de evitar perjuicios a la ciudadanía».
Decanos: «Falta de preparación del plan»
En concreto, el órgano de gobierno de los jueces reclamó a las administraciones responsables de las oficinas judiciales que «los procedimientos y causas pendientes –de los que seguirán conociendo los titulares de los antiguos juzgados una vez instalados en su nueva plaza del tribunal de instancia– estén identificados y listados, de forma que su itinerario hasta la nueva oficina judicial pueda ser trazado con seguridad, lo que evitaría la pérdida de expedientes».
Por su parte, los decanos de Madrid, Valencia, Barcelona, Sevilla, Alicante y Palma de Mallorca señalaron las «carencias» y la «falta de preparación» que han ido detectando para la implementación de los tribunales de instancia, al tiempo que advirtieron de que esas «carencias» «pueden lastrar esta fase final de la implantación de los tribunales de instancia».
En concreto, los decanos apuntaron que existe una «dispersión de sedes», lo que puede «dificultar las relaciones» entre jueces y funcionarios. También subrayaron la «falta de digitalización», previendo el «riesgo de pérdida» de los expedientes originales en los juzgados donde no exista el expediente digital.
Demora en nombramientos
Asimismo, manifestaron su malestar con la «demora en el nombramiento de los letrados directores», lo que, según ellos, «ha privado a muchos decanos del interlocutor necesario para coordinar la constitución de los tribunales de instancia». Y remarcaron la «falta de aprobación de algunas relaciones de puestos de trabajo o de culminación de los procedimientos de consolidación de funcionarios y excesivo número de funcionarios interinos, que no tienen la formación necesaria y dificulta el desempeño de sus funciones».
Los decanos precisaron que estas «carencias detectadas» podrían tener «un impacto en los ciudadanos», y por ello han solicitado al CGPJ que inste a las administraciones prestacionales a aplicar «una moratoria en la tercera fase de implantación de los tribunales de instancia por un periodo de seis meses».
JJPD pide al CGPJ una «urgente reforma»
Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) denunció a través de una nota de prensa el pasado miércoles que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no ha modificado los reglamentos necesarios para poner en marcha los tribunales de instancia, una medida «imprescindible» y cuya «urgente reforma» consideran necesaria.
«Ya no cabe aplazarlo más», sostuvo la asociación de jueces, que pidió al Consejo que acometiera los cambios necesarios de cara a la tercera fase de la implantación de los nuevos tribunales.
JJpD explicó que «ha transcurrido casi un año durante el que se han aprobado por las administraciones correspondientes las relaciones de puestos de trabajo de los funcionarios de la administración de justicia que van a trabajar con esta nueva forma de organización judicial y por el CGPJ» dos instrucciones «sobre coordinación y funcionamiento de los tribunales de instancia y sobre el ejercicio de las facultades de dirección e inspección».
«Sin embargo no se ha cambiado ni una coma de los reglamentos del Consejo General del Poder Judicial que hay que reformar para que tenga lugar la transformación de los juzgados a tribunales de instancia», criticó.
Abogacía celebra la moratoria
El presidente del Consejo General de la Abogacía, Salvador González, manifestó el pasado martes en un encuentro con prensa que la «predisposición» del Ministerio para apoyar la moratoria para implementar los tribunales de instancia es «una medida acertada», pero solicitó una «monitorización del proceso» para evitar «disfunciones».
El presidente explicó que los consejos de abogacía de las comunidades autónomas se han puesto «a disposición del Ministerio» para intentar que esta «transición» afecte «en la menor medida posible a la justicia y al acceso a ella».
Además, González pidió que se escuchen «a todos los colectivos» de la justicia, para conseguir «una gestión del cambio más ordenada».
