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29 marzo 2024 8:40 am

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Canarias acudirá al TC para exigir el cumplimiento del REF y el diferencial fiscal para los rodajes

El Gobierno canario considera que hay motivos para acudir a Tribunal Constitucional en contra de las normas estatales que regulan las actividades cinematográficas, pero, antes de hacerlo, ha reclamado la reunión urgente de la comisión bilateral Estado-Canarias

El acuerdo ha sido adoptado en la reunión del Consejo del Gobierno de Canarias, al término de la cual su portavoz, Julio Pérez (PSOE), ha señalado que la decisión se adopta porque el ejecutivo canario cree que esas normas contravienen el Régimen Económico y Fiscal (REF) de las islas.

Esta decisión se toma después de que el pleno del Parlamento de Canarias aprobase el lunes pasado por unanimidad emitir un informe desfavorable a que el diferencial fiscal en los incentivos a las producciones cinematográficas en la islas con respecto al resto de España se sitúe por debajo del 80 por ciento.

Un informe preceptivo que el Parlamento canario emitió a petición del Senado porque el proyecto de ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal que tramita la Cámara Alta altera en ese punto el Régimen Económico y Fiscal.

La respuesta negativa del Parlamento de Canarias supone que la tramitación de esa normativa queda de momento paralizada.

En el proyecto que se tramita en el Senado se establece una deducción fiscal para las producciones cinematográficas en Canarias de hasta 12,4 millones de euros, en lugar de al menos 18 millones, como reclama la comunidad autónoma para que se mantenga el diferencial en un 80 por ciento superior al aplicado en la Península y Baleares, donde se pueden desgravar gastos por 10 millones de euros en el impuesto de sociedades.

Hasta mayo del pasado año, el incentivo fiscal en Canarias, aumentado ahora a 12,4 millones de euros, era de 5,4 millones y había quedado desactualizado al aprobar el Gobierno de España en esa fecha un incentivo en el resto de España de 10 millones de euros.

El portavoz del Gobierno canario ha recordado que la actuación del Ejecutivo no compromete lo que el Parlamento de Canarias pueda hacer en el ámbito de sus facultades y, en cuanto al plazo para negociar en la comisión bilateral, ha apuntado que es de dos meses en el caso de la Cámara legislativa regional.

Pero en el caso del Gobierno canario el plazo es de tres meses prorrogables a nueve.

Ahora, el Gobierno de Canarias ha solicitado al ministro de Administraciones Públicas, Miquel Iceta (PSOE), la reunión urgente de la comisión bilateral, antes de recurrir al Tribunal Constitucional.

Ha explicado Julio Pérez que el Gobierno canario entiende que la comisión bilateral es el instrumento previsto para dilucidar discrepancias de este tipo. 

Dictamen al Consejo Consultivo de Canarias sobre la posible vulneración del Estatuto de Autonomía y de la Constitución Española

La Mesa del Parlamento de Canarias acordó, bajo la presidencia de Gustavo Matos, solicitar dictamen al Consejo Consultivo de Canarias sobre la posible vulneración del Estatuto de Autonomía y de la Constitución Española en relación con la aprobación de Real Decreto Ley, sin remisión previa para informe de la Cámara regional, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la fiscalidad energética y en materia de generación de energía y sobre gestión del canon de regulación y de la tarifa de utilización del agua, modificándose el REF.

Al mismo tiempo, la Mesa solicita al Consultivo que emita su parecer sobre la aplicación del artículo 167 del Estatuto de Autonomía de Canarias en relación a los efectos suspensivos de las normas en tramitación ante las Cortes Generales una vez que el Parlamento ha emitido informe preceptivo desfavorable.

La Mesa considera conveniente este dictamen del órgano consultivo -que forma parte de la estructura institucional de la Comunidad Autónoma- para defender el marco constitucional y estatutario y, a su vez, poder tener su criterio técnico sobre una cuestión tan relevante para nuestro régimen fiscal, teniendo en cuenta además que estamos ante una situación que se aplica por primera vez tras la aprobación del Estatuto de Autonomía.

Por otra parte, la Mesa ha acordado dirigirse al Gobierno de España, en concreto al Ministerio de Hacienda, para expresarle su queja formal en relación a la no remisión, para informe previo del Pleno del Parlamento, de este Real Decreto Ley, tal y como establecen el Estatuto de Autonomía y la Constitución Española.

La Mesa defiende la aplicación de su Estatuto de Autonomía, el informe del Parlamento y se ha dirigido al Ministerio al entender que se infringe ese precepto. “El Parlamento garantizará el debido cumplimiento del Régimen Económico y Fiscal de Canarias”, subraya Matos

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