Entre las medidas aprobadas por el Ejecutivo, destacan la importación de viviendas prefrabricadas para los afectados por el volcán de La Palma y los importes de las dietas a las personas que, con motivo de las elecciones, participen en la Administración Electoral de Canarias
Hoy, jueves 29 de diciembre, tuvo lugar el último Consejo de Gobierno del año.
El Consejo de Gobierno ha acordado este jueves autorizar la recuperación de las retribuciones del 5% minoradas en el año 2010 al personal de la sociedad mercantil pública Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias, SA (GSC).
Este acuerdo, que afecta a 201 trabajadores de la empresa pública, comprende, en primer lugar, la actualización salarial, a partir del 1 de enero de 2022, aplicando a los salarios de 2010 las cuantías reducidas del 5% de las retribuciones de esa anualidad a lo que deberá añadirse los incrementos de los años posteriores.
La cuantía estimada es de 2,1 millones de euros euros teniendo en cuenta los montantes imputables de 2019.
Los efectos de este acuerdo se aplicarán al personal de GSC que en el año 2022 aún estaba prestando servicios en la empresa, y se abonarán únicamente la parte de los periodos de los años 2019 a 2022.
Una vez que el Gobierno canario ha dado el visto bueno a la autorización, tras nuevos informes emitidos por Hacienda, la recuperación salarial y el abono de los atrasos que pudieran derivarse está previsto realizarse un tercio en 2022, otro tercio en 2023 y el último en 2024.
Hasta ahora, el acuerdo alcanzado por empresa y trabajadores en 2021 no se había podido llevar a cabo por el incumplimiento de la regla de gasto del ejercicio 2019 por parte de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Este jueves, Ejecutivo ha aprobado un decreto ley que dispone que la importación de casas prefabricadas para atender las necesidades de vivienda generadas por la erupción de La Palma no tribute IGIC.
Según informa el Ejecutivo en un comunicado, el beneficiario de la medida deberá ser «una persona física propietaria, usufructuaria o nuda propietaria de una vivienda que se ha perdido como consecuencia de la erupción volcánica en la isla de La Palma.
La norma establece que sólo se podrá aplicar el tipo cero a una casa prefabricada por persona física. Esta deberá sustituir a la vivienda perdida, y ser montada y unida al suelo ubicado en la isla de La Palma, antes del 31 de diciembre de 2026.
El decreto ley también prorroga hasta el 30 de junio de 2023 la aplicación del tipo 0 al material sanitario contra el covid-19.
Sin discrepancias en el traspaso de Costas, cuyas competencias tendrá Canarias
El portavoz del Gobierno de Canarias, Antonio Olivera, ha asegurado este jueves que no se han producido discrepancias importantes en el traspaso de las competencias de Costas que la comunidad autónoma comenzará a ejercer la próxima semana.
Tras la reunión del último Consejo de Gobierno del año, Olivera ha manifestado que confía en que a partir de ahora se articulen los mecanismos necesarios para que los trámites se realicen de forma más ágil.
El Gobierno amplía en un millón el presupuesto de FUCAS para cubrir su gasto
El Gobierno de Canarias ha autorizado elevar el presupuesto de la Fundación Tutelar Canaria para la Acción Social (FUCAS), adscrita a la Consejería de Derechos Sociales, para el año que termina en 968.161 euros adicionales.
De esa cantidad, 646.181 euros servirán para cubrir gastos de personal, principalmente por el aumento del número de efectivos de la plantilla.
Este aumento del gasto se ha producido como consecuencia de las contrataciones realizadas para atender las necesidades surgidas tanto para la ejecución de nuevos servicios, como por el aumento por encima de las estimaciones previstas de las personas curateladas.
Los 321.979 euros restantes van destinados a cubrir gastos mantenimiento.
Entre los nuevos servicios que no estaban previstos en los presupuestos aprobados en 2022, destaca el Servicio de Atención Temprana ambulatoria en el centro concertado La Casita, así como el encargo para realizar funciones de carácter material en el ámbito de familias numerosas, de dependencia y del Programa Bicácaro para la intervención en los centros educativos.
680.000 euros para la zona comercial abierta de El Paso
El Gobierno de Canarias ha aprobado este jueves un crédito de 680.000 euros para el proyecto de urbanización de la zona comercial abierta de El Paso y, en concreto, de la fase III de la Avenida Islas Canarias.
El Ejecutivo dio el visto bueno a la modificación de crédito para financiar, vía subvención al Ayuntamiento de El Paso, esta obra con la que se pretende ayudar a reactivar la inversión y el empleo en este municipio palmero, dinamizando su zona comercial abierta, con una inversión de urbanismo en la arteria comercial más importante del mismo.
De acuerdo con la memoria justificativa de esta propuesta de acuerdo, después de los efectos de la pandemia y, sobre todo, de la erupción del volcán de Cumbre Vieja, se ha considerado necesario apoyar proyectos de dinamización comercial.
Una nota del Gobierno indica que desde el área regional de Comercio se ha querido intensificar su apuesta por las políticas de apoyo a las zonas comerciales abiertas de Canarias, posibilitando llevar a cabo una planificación de las obras de urbanismo comercial necesaria en Canarias.
El Gobierno revisa precios de obra del tramo El Tanque-Santiago del Teide
El Consejo de Gobierno ha autorizado este jueves el abono adicional por revisión excepcional de precios en la obra del tramo El Tanque-Santiago del Teide, correspondiente al cierre del Anillo insular de Tenerife, con una dotación de algo más de 8,3 millones de euros.
En este caso, se trata de la autorización de gasto relativo a la segunda revisión de precios, llevada a cabo hasta noviembre de 2022, tras el informe técnico de supervisión correspondiente, y la conformidad del contratista para desarrollar este proceso.
En este sentido, desde la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda se han mantenido diferentes encuentros de trabajo con las dos patronales de la construcción en el archipiélago, para conocer sus necesidades y poner en marcha medidas que eviten que las empresas constructoras se vean perjudicadas.
De este modo, se pueden compensar las pérdidas que sufren derivadas del incremento extraordinario de los precios de los materiales, primero por las restricciones a la movilidad por la covid-19, y ahora por la inflación derivada de la crisis internacional marcada por la guerra en Ucrania.
Luz verde al plan de control de la diocalandra en las palmeras de Lanzarote
A su vez, el Gobierno de Canarias ha aprobado un convenio de cooperación con el Cabildo de Lanzarote para poner en marcha un plan de control y erradicación de la plaga de Diocalandra frumenti en las palmeras de esa isla.
El acuerdo tendrá una duración de 4 años y contará con una inversión de 2 millones de euros, repartida a partes iguales entre la comunidad autónoma y la corporación insular.
El objetivo es establecer las medidas fitosanitarias necesarias para acabar con la presencia de la plaga.
Las actuaciones para llevar a cabo este proyecto contemplarán el incremento del número de capturas en el medio natural para el control de la expansión de este insecto. También se evitará la dispersión de la plaga y la aparición de nuevos núcleos de población en Lanzarote, así como la colonización de otras islas.
Autorizan 2,6 millones para infraestructuras sociosanitarias en La Palma
El Gobierno de Canarias ha autorizado el gasto de 2.696.579,15 euros que permitirá financiar gastos relativos a infraestructuras sociosanitarias de este año en la isla de La Palma.
El expediente, tramitado a iniciativa de la Dirección General de Dependencia y Discapacidad de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, propone el abono anticipado de la anualidad 2022 del Convenio de cooperación entre la Comunidad Autónoma de Canarias y el Cabildo Insular de La Palma, para cofinanciar la construcción de infraestructuras y reformas destinadas a la creación de nuevas plazas sociosanitarias.
El Gobierno amplía el acuerdo para el polideportivo de Santa Úrsula
Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha autorizado la adenda que modifica y prorroga el convenio de cooperación con el Ayuntamiento de Santa Úrsula (Tenerife) para construir el pabellón deportivo cubierto del instituto de educación secundaria del municipio.
Conforme al acuerdo, se amplía en 10 meses el periodo de ejecución y de justificación de las obras, hasta el 31 de diciembre de 2023 y el 31 de abril de 2023 respectivamente.
Asimismo, el Gobierno canario ha aprobado la nueva aportación económica de 300.000 euros, ya que los fondos consignados en el convenio no son suficientes para el desarrollo de estos trabajos.
Esta modificación responde al encarecimiento de materiales, al incremento del 9,10 % de la superficie útil definitiva de las instalaciones deportivas y a otros cambios en el proyecto.
Buscan potenciar concesión de avales a empresas tras privatizar AvalCanarias
El Gobierno de Canarias ha formalizado la renuncia de uno de los miembros del Consejo de Administración de AvalCanarias en representación de la Comunidad Autónoma, lo que, unido al acuerdo adoptado para la reducción del capital social de la Administración, «permitirá potenciar la labor que desarrolla esta sociedad de garantías recíprocas».
Con los cambios producidos y la reducción del capital por parte de los Cabildos de Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura, el peso del sector público quedará por debajo del 50%, «lo que liberará a la propia sociedad de determinadas obligaciones legales para la concesión de avales a las empresas de las islas, que es precisamente su principal cometido».
Esta clasificación tiene efectos «perversos», tanto para AvalCanarias como para la propia Comunidad Autónoma, sobre todo en el marco de cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto.
Dado que no fue posible que la IAGE reclasificara a la sociedad, se decidió formalizar la reducción del capital social suscrito y desembolsado por la Comunidad Autónoma por 1,4 millones de euros y de un importe similar distribuido entre los cabildos de Gran Canaria (740.000 euros), Tenerife (277.000 euros) y Fuerteventura (462.000 euros).
Como consecuencia de tales movimientos, el peso del sector público será del 49,29%.
Además, dado que las entidades de crédito que participan en AvalCanarias (Caixabank y Cajasiete) también han duplicado el capital que tienen actualmente suscrito, el peso de los protectores públicos quedaría en el 47,57%.
Los estatutos de AvalCanarias fijan su capital mínimo en los 10 millones de euros, siendo el capital suscrito a 31 de diciembre del año pasado de 15.201.934 euros.
Con la reducción solicitada a los distintos socios protectores de las administraciones públicas, la cifra del capital suscrito se situaría en 12.241.768,60 euros, «respetándose los niveles mínimos de solvencia».
De esta cantidad, la Comunidad Autónoma participará ahora con 3,9 millones de euros.
Piden dictamen sobre el currículo de la ESO y Bachillerato de la LOMLOE
El Consejo de Gobierno ha acordado solicitar con carácter urgente el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias sobre el decreto por el que se establece la nueva ordenación y el currículo de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato en las islas, en el marco de la adaptación de esta enseñanza a la LOMLOE.
Con este paso comienza la última fase de tramitación para su aprobación inminente por parte del Ejecutivo canario y publicación en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), con la que culmina el proceso de elaboración y aprobación de los currículos educativos y ordenaciones de las enseñanzas no universitarias en la Comunidad Autónoma.
En ambas etapas se establecen los aprendizajes que han de regir la práctica docente, contribuyendo a la adaptación del sistema educativo canario a los retos y desafíos del siglo XXI, de acuerdo con los objetivos fijados por la UE y la UNESCO para la década 2020-2030.
El Gobierno recuerda que se han establecido nuevas materias, se ha incorporado la nueva modalidad de Bachillerato General y se ha dado continuidad a materias propias de la Comunidad Autónoma que complementan la formación del alumnado en los diferentes ámbitos del conocimiento.
Asímismo, la ordenación de ambas etapas incluye materias específicas relacionadas con la educación en el patrimonio natural, social e histórico-cultural canario.
El nuevo modelo de currículo y la organización de las asignaturas otorga, según el Gobierno, una mayor autonomía al profesorado y a los centros educativos.
Suscriben una nueva adenda al convenio para ampliar Hospital del Sur
El Consejo de Gobierno ha autorizado este jueves la suscripción de la Adenda II al convenio de colaboración entre el Servicio Canario de la Salud (SCS) y el Cabildo Insular de Tenerife para la liquidación de las obligaciones derivadas de la construcción Hospital del Sur y el centro de atención especializada (CAE).
Esta nueva adenda tiene por objeto la modificación y prórroga al convenio que permite el intercambio de las parcelas asignadas a cada Administración, la actualización de la liquidación y las anualidades previstas, así como su prórroga hasta el 31 de diciembre de 2023.
El pasado 12 de septiembre, la comisión de seguimiento del convenio acordó la aprobación del informe de liquidación, en el que se recoge que el importe de la liquidación y la formalización de la transmisión de la propiedad de la parcela asciende a 2.280.010 euros para financiar en 2023.
Esta segunda adenda establece la transmisión al Servicio Canario de la Salud de la parcela por ser la localización más adecuada para la ampliación del Hospital del Sur.
Para ello, el Cabildo de Tenerife tramitará la agrupación registral de las fincas e iniciará la tramitación del expediente de mutación demanial. Una vez suscrita la adenda, la consejería de Sanidad procederá a acometer la ampliación del Hospital del Sur de Tenerife con el objeto de continuar reforzando la asistencia sanitaria a la población residente en la zona sur.
Esta infraestructura supondrá una inversión de alrededor de 40 millones de euros y permitirá la incorporación de nuevos servicios asistenciales.
El Gobierno financiará la cubierta de una cancha deportiva de Tijarafe
El Consejo de Gobierno ha autorizado un acuerdo con el Ayuntamiento de Tijarafe, en La Palma, para cubrir una de las canchas del centro de enseñanza obligatoria del municipio, una obra presupuestada en 447.471 euros.
Las obras previstas consisten en la construcción de una cubierta para la cancha situada al sur del complejo deportivo de este centro educativo, que abarca una superficie de 748,44 m2, de los que se cubrirán 608 m2.
Así, esta zona albergará un campo de baloncesto y voleibol, y también posibilitará el desarrollo de otras actividades deportivas en su interior.
La Consejería de Educación se compromete en este convenio a transferir al Ayuntamiento 250.000 euros para contribuir a sufragar parte del coste total estimado de la obra.
Aprobada una OPE con 100 plazas para la Policía Canaria
El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este jueves la oferta de empleo público (OEP) del Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) para 2022, que incluye un total de 100 plazas.
Se trata de una oferta complementaria de la OEP de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias para el presente año con la que se pretende incrementar el número de efectivos y poder tener presencia permanente en todas las islas.
La OEP incluye un total de 100 plazas, de las que 63 corresponden al sistema general de acceso libre, 10 al acceso mediante el sistema de concurso, y 27 al sistema de promoción interna.
Esta OEP, que va a permitir alcanzar los 359 efectivos, ha sido posible gracias a la ampliación del catálogo de puestos de trabajo del CGPC, aprobada mediante el Decreto 225/2022, de 7 de diciembre, por el Gobierno de Canarias.
Aprobadas las dietas de los que participen en la administración electoral
El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado el decreto que regula los importes de las dietas a abonar a las personas que, con motivo de las próximas elecciones al Parlamento de Canarias, participen en la Administración Electoral de Canarias.
A través de este decreto, se definen las dietas e indemnizaciones a percibir por las personas miembros de la Administración Electoral de Canarias y el personal a su servicio, las juezas y jueces de primera instancia o de paz, las personas representantes de la administración en las mesas electorales, así como el personal del Gobierno de Canarias, con motivo de las elecciones al Parlamento de Canarias del próximo 28 de mayo.
De este modo, la Junta Electoral de Canarias tendrá derecho a indemnizaciones fijas dependiendo de su categoría. 5.423,61 euros a la presidencia; 4.881,61 euros a la vicepresidencia; 4.338,89 euros a la secretaría; 3.796,53 euros a las vocalías judiciales; 3.254,17 euros a las vocalías no judiciales, y 3.796,53 euros a la persona titular de la Delegación de la Oficina del Censo Electoral.
Las personas titulares de la secretaría de los ayuntamientos percibirán unas cantidades fijas, que vendrán determinadas por el número de mesas que se constituyan en el municipio o municipios.
Por otro lado, los representantes de la Administración autonómica en las mesas electorales tienen derecho a una dieta cuya cuantía estará en función del número de mesas y la transmisión de datos.
Los miembros de las juntas electorales provinciales también dispondrán de dietas.
SCS destina 335 millones a medicamentos exclusivos de patologías como cáncer
El Consejo de Gobierno ha autorizado la Consejería de Sanidad a realizar el gasto de 334,8 millones de euros correspondiente a la prórroga de los acuerdos marco de contratación de suministro de medicamentos de uso humano tipo II con destino al Servicio Canario de la Salud.
El gasto está destinado a satisfacer las necesidades asistenciales de la red de hospitales, Centros de Atención Especializada (CAE) y centros de Atención Primaria.
En la memoria justificativa se indica que los correspondientes acuerdos marco con las empresas adjudicatarias se formalizaron el 19 de febrero de 2021, con una vigencia de 2 años prorrogable por otro período de 2 años.
«Ante la proximidad de la fecha de la finalización de la vigencia de los acuerdos marco y la necesidad de continuar con el suministro de los medicamentos, se considera necesario prorrogar los acuerdos hasta el 21 de febrero de 2025«, apunta el Gobierno.
