La polémica sobre el funcionamiento de las pulseras de control para agresores machistas también ha afectado a Canarias, especialmente la provincia de Santa Cruz de Tenerife
La polémica sobre el funcionamiento de las pulseras telemáticas de control de los agresores machistas también afecta a Canarias. Una de las comunidades autónomas donde más dispositivos se han colocado.
El Gobierno de Canarias ha reconocido que tenía conocimientos de algunos fallos pero dicen que no sabían que Santa Cruz de Tenerife fuera una de las provincias más afectadas.
La pasada semana, la consejera de Presidencia del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, le trasladó a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, su preocupación por la pérdida de todos los datos correspondientes a órdenes de alejamiento dictadas con anterioridad a marzo de 2024, ante la gravedad de las posibles consecuencias de esta incidencia.
En una misiva dirigida a la ministra, Barreto solicitó información sobre cómo ha podido afectar la incidencia a las víctimas de violencia de género en Canarias y qué medidas se están tomando para garantizar su seguridad y sus derechos, así como para que los presuntos agresores puedan ser condenados, en su caso, por los tribunales.
No es la primera vez que desde la Consejería de Presidencia se da traslado al Ministerio de Igualdad de problemas con las pulseras de protección. Canarias mantuvo una de las tasas más altas de concesión, con al rededor del 76,7% de las solicitudes aprobadas.
Advertencias del Poder Judicial
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) advirtió al Ministerio de Igualdad de problemas con las pulseras de control de agresores machistas en oficios enviados en enero y febrero por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.
La presidenta de este observatorio, Esther Erice, envió dos oficios el 8 enero y el 21 de febrero de este año a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, según ha publicado este lunes El Español y han confirmado fuentes jurídicas.
Este lunes, la presidenta de este observatorio ha enviado una carta a la delegada del gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, donde explica las comunicaciones practicadas respecto a las pulseras y alude a la elaboración de una encuesta, de cuyos resultados informarán próximamente.
En concreto, y según detalla el CGPJ en un comunicado, el observatorio trasladó el 8 de enero y el 21 de febrero dos informes remitidos por el presidente de la Audiencia Provincial de Granada e hizo lo mismo el 27 de febrero con otra incidencia de la que había informado un órgano judicial de Galicia.
Fallos en los dispositivos
En los oficios se advertía de incidencias y fallos en los dispositivos como la manipulación de las pulseras sin que se detectase, fallos en la geolocalización de las mujeres y de sus agresores, pérdidas de señal o cobertura, así como problemas de batería, según confirman fuentes jurídicas.
Por otra parte, los problemas detectados se trataron de «forma exhaustiva» en una reunión del pleno del Observatorio el 27 de febrero, en la que intervinieron todas las «instituciones concernidas» y se adoptaron medidas para agilizar la transmisión de las incidencias.
De los problemas advirtieron además en marzo las Audiencias provinciales, que en las conclusiones de unas jornadas celebradas en Las Palmas alertaron de «fallos técnicos» en los dispositivos por «localizaciones erróneas o incluso por manipulaciones de los investigados».
Quebrantamientos de órdenes de alejamiento
Todas las gestiones y avisos efectuados han trascendido tras la polémica abierta después de que la Fiscalía General del Estado aludiese, en su memoria de 2024, a una incidencia en la gestión de los datos de ubicación de los agresores, que impidió a algunos juzgados analizar quebrantamientos de órdenes de alejamiento, por no disponer de los datos anteriores a marzo de 2024.
Estos problemas, ocasionados al cambiar el operador adjudicatario del servicio de pulseras (de Telefónica a Vodafone), condujeron a sobreseimientos temporales en algunos casos y a algunas absoluciones, según se señalaba en la Memoria.
Tanto la Fiscalía como el Ministerio de Igualdad han asegurado que este problema se solucionó a finales de 2024 y solo afectó a algunos procedimientos judiciales -la mayoría de los cuales ya se han reabierto-, pero que los dispositivos de control de localización funcionaron perfectamente en todo momento, por lo que las víctimas nunca quedaron desprotegidas.
