El presidente canario se reúne este martes con el Gobierno central para poner sobre la mesa el acuerdo y la hoja de ruta con medidas concretas para atender a los migrantes
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, considera que el Gobierno de España deberá compensar económicamente al archipiélago por el tiempo en el que la CCAA ha estado sufragando con fondos propios el gasto derivado de la atención de los alrededor de 1.000 menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo.
Así lo ha dicho este lunes a los medios de comunicación al ser cuestionado por la reunión que tendrá lugar este martes de cara a que el Estado, en cumplimiento de los autos del Tribunal Supremo, acoja a este millar de jóvenes. «Nosotros seguimos en las mismas -afirmó-.Nos preocupa que tengan que ser dos autos del TS los que hagan que el Estado cumpla con sus obligaciones».
De esta manera, Clavijo recordó que Canarias ha mantenido siempre dos premisas; la primera es que los menores solicitantes de asilo son responsabilidad del Estado y que los tiene que dar de alta en el Sistema de Protección Internacional.
Mientras, la segunda cuestión en la que ha insistido la CCAA es que hay que resolver el hacinamiento en el que están estos jóvenes, no sólo el millar solicitante de asilo, sino los 5.641 chicos que sigue tutelando a día de hoy Canarias en solitario.
Darles alta en el sistema de protección internacional
Con todo, el presidente insistió en que Canarias va a seguir colaborando para proteger el interés superior del menor que, en el caso de los que piden protección, pasa por darles de alta en el Sistema de Protección Internacional. «Y tiene que ser responsabilidad del Estado», matizó.
«Vamos a colaborar -reiteró-, como hemos hecho hasta ahora, para proteger el interés superior del menor e ir junto al Gobierno adecuando esa alta y la solución del hacinamiento».
Respecto al acuerdo con el Estado, Clavijo señaló que una vez que el Gobierno dé de alta a los solicitantes de asilo, lo que lo que tendría que conveniar con Canarias es una compensación económica por el tiempo que ha sufragado en solitario el gasto de su atención.
Además, mientras se cumple el itinerario establecido en el Sistema de Protección Internacional, la CCAA colaborará con el Estado «para que el menor esté atendido y se estén respetado sus derechos». Finalmente, Clavijo expuso que en el encuentro de este martes se establecerá cuál será la figura administrativa oportuna del acuerdo.
Torres espera rubricar el acuerdo en los próximos días
Por su parte, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha señalado este lunes que se han conseguido avances en la negociación con el Gobierno autonómico, pero ha precisado que el acuerdo aún no está firmado.
En declaraciones a los medios, ha precisado que ambas administraciones trabajan a diario en esta cuestión y que este mismo lunes se ha cruzado documentos con el presidente canario, Fernando Clavijo: «Sí que hay una posición que compartimos y espero que se pueda rubricar estos próximos días», ha añadido.
Torres ha recordado que el Gobierno tiene de plazo hasta el viernes para presentar al Supremo los avances conseguidos para cumplir con la orden «y el acuerdo que, entre otros puntos, establece la colaboración con el Gobierno de Canarias».
Atender a los menores «desde la individualidad
Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han señalado también que ambos Ejecutivos trabajan sobre la premisa de atender la situación de estos menores «desde la individualidad» y darles de alta en la red nacional de acogida de protección internacional, «de forma que se pueda valorar qué recurso se adapta mejor a su situación y a su vulnerabilidad».
Las mismas fuentes han precisado que se ha propuesto la creación de «un comité interadministrativo» que se reúna desde esta semana para estudiar, caso por caso, la solución para estos menores.
Desde el Ministerio han recalcado que el Gobierno ha trabajado también en otras medidas, como la agilización de los trámites de protección internacional para estos menores, una cuestión en la que también ha insistido mucho el Supremo, o la aprobación, el pasado 18 de marzo, del real decreto ley para la reubicación de los menores desde zonas tensionadas como Canarias a otros territorios.
Norma que, han recalcado, es «la solución definitiva» porque da respuesta a todos los niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, tanto si han solicitado protección internacional como si no lo han hecho.
