Así lo ha reclamado el Gobierno de Canarias en la inauguración del seminario sobre migraciones que organiza cada año en las islas el Consejo General del Poder Judicial
El Gobierno de Canarias ha reclamado este miércoles que las islas, como frontera exterior de la Unión Europea, tengan «voz» en las políticas migratorias tras lamentar que no se le haya tenido en cuenta en la elaboración de Pacto Europeo de Migración y Asilo ni en su aplicación en España.
En su intervención en la inauguración del seminario sobre migraciones que cada año organiza en las islas el Consejo General del Poder Judicial, centrado en esta edición en las repercusiones del Pacto Europeo, el viceconsejero de Justicia y Seguridad, Cesáreo Rodríguez, ha advertido de que la solidaridad que se persigue «se queda en el papel», ya que «no se pueden descentralizar las obligaciones y centralizar las decisiones».
El viceconsejero de Justicia ha insistido en que Canarias como frontera exterior debió tener voz en Bruselas y en el plan de implementación del pacto elaborado por el Gobierno de España.
«Bruselas legisla, Madrid decide y Canarias paga las consecuencias de las decisiones», ha asegurado Rodríguez, quien también ha demandado que los fondos destinados por Europa a atender el fenómeno migratorio se regionalicen para una mejor gestión de estas realidades que abordan en este seminario magistrados de diferentes tribunales españoles, representantes de las ONG y miembros de las fuerzas de seguridad.
Proceso de triaje
El viceconsejero de Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias, José María Riestra, ha reiterado, en declaraciones a los periodistas, que el nuevo proceso de triaje de los menores no acompañados establecido por el pacto europeo compete al Estado, por lo que ha defendido la decisión de que el Tribunal Supremo dirima sobre la cuestión.
La competencia es del Estado, sin perjuicio de que se pueda convenir una colaboración con la comunidad autónoma para llevarla a cabo, porque se trata de una frontera exterior, ha recalcado Riestra, quien ha hecho hincapié en el «retraso» acumulado y sus consecuencias, cuestiones que se abordan en el seminario.
La abogada especializada en procesos migratorios, Patricia Fernández Vicéns, ha considerado que «no se han hecho bien los deberes» para la implementación del pacto en España y una consecuencia de ello es que no se ha determinado qué persona debe ser el representante del menor, independiente de las autoridades, pues desde que se aprobó este acuerdo en 2024 «no se ha hecho nada».
A su juicio, se debió de formar a personal especializado para ejercer estas funciones.
Además, ha señalado que la autoridad responsable del triaje es el Estado, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, y ha defendido que lo que está causado tapón en la resolución de los expedientes de los menores es que no se hayan establecido los mecanismos adecuados y la carencia de intérpretes con perspectiva de género e infancia.
Reglamento de retorno
En Canarias no ha crecido el número de llegadas de inmigrantes menores pero «se sigue teniendo el mismo tapón que antes del pacto y el caso de Ceuta es dramático», porque se ha tenido cinco semanas para «triar» y se ha comenzado en la última, ha alertado.
Así mismo, ha incidido en que todo lo que signifique no aplicación de la legislación y alegalidad supone un «riesgo importante de vulneración de derechos humanos» para estas personas.
Por otra parte, ha remarcado que el pacto y el reglamento de retorno aprobado en el Parlamento Europeo establecen muchas medidas de internamiento, más que las que recoge la legislación española, por lo que ha demandado como «imprescindible» que jueces y fiscales sean conscientes de la importancia de su control para que no se vulneren los derechos humanos.
