La normal actual sigue utilizando expresiones como “personas mayores incapacitadas” o “centros de válidos”
El Gobierno de Canarias inició este viernes el proceso para reformar la Ley de Participación de las Personas Mayores y de la Solidaridad entre Generaciones de 1996 con el objetivo de actualizar su contenido, lenguaje y estructura para acercarla a las nuevas formas de envejecer.

La actual norma sigue empleando expresiones como «personas mayores incapacitadas», «tutela legal general» o “centros de válidos”, términos que, según la Consejería de Bienestar Social, no responden a los marcos normativos ni al enfoque de derechos vigente.

Desfasados tras tres décadas en vigor
El departamento regional detalló en un comunicado este viernes que la normativa vigente se ha quedado desfasada tras casi tres décadas en vigor. Además, fija los 60 años como único criterio para definir a las personas mayores, sin tener en cuenta la diversidad del envejecimiento.
Algunos de los cambios más destacados con esta reforma son el reconocimiento explícito de derechos como la autonomía, la capacidad jurídica con apoyos, el derecho a vivir en el entorno habitual, a participar activamente, a la salud integral, al acceso digital y a la protección frente a la soledad no deseada.
También, se espera implementar un sistema de seguimiento, evaluación e inspección pública, con indicadores, un observatorio autonómico y un régimen sancionador para proteger derechos y la modernización del Consejo Canario de las Personas Mayores.
«Esta reforma no borra lo anterior: lo respeta y lo mejora. Queremos que Canarias tenga una ley moderna, con enfoque de derechos, que esté a la altura de las personas mayores de nuestras islas», afirmó Verónica Meseguer, directora general de Mayores y Participación Activa.
“El objetivo es claro, proteger, reconocer y dar herramientas reales a nuestras personas mayores para que sigan decidiendo sobre sus vidas y participando plenamente en la sociedad. Queremos una ley útil, justa y transformadora», añadió Meseguer en el comunicado institucional.