Esta dotación se suma a los 40 millones que Madrid ya ha transferido a Canarias, por lo que los 140 millones supone aproximadamente el 90 % del gasto asumido este año por Canarias para el cuidado de estos niños y adolescentes
El Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros una transferencia extraordinaria de 100 millones de euros a Canarias, para que esta comunidad autónoma, en situación de contingencia migratoria, atienda a los más de 4.500 menores migrantes no acompañados que acoge en sus recursos.
El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto de concesión directa de subvención para hacer esa aportación, que sale del presupuesto del Ministerio de Juventud e Infancia y que se suma a los 40 millones que el Gobierno central ya ha transferido al Ejecutivo autonómico de las islas en distintas partidas durante 2025 con motivo de la atención a estos menores.
Según ha informado el Ministerio de Juventud e Infancia en un comunicado, la dotación de 140 millones supone aproximadamente el 90 % del gasto total asumido este año por Canarias para el cuidado de estos niños y adolescentes, menores migrantes, cuantificado en 155 millones de euros, además de un incremento del 140 % respecto al año pasado y un 3.802 % más que en 2021.
Delgado: «Nos prometieron otros 110 millones»
No obstante, Candelaria Delgado, consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno canario ha recordado que aparte de esos 100 millones el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, «nos había prometido otros 100 millones más y esos sí que no han llegado».
«Entonces, bueno, a ver si es verdad que en próximas fechas nos llega ese dinero extra. (0:14) Es que eso sí se diría un dinero extra a esta comunidad autónoma.
Garantías de control, justificación y calidad
Canarias, que actualmente acoge a más de 4.500 niños, niñas y adolescentes que han migrado solos, según el Ministerio de Juventud e Infancia, podrá financiar con esta partida su alojamiento, alimentación o vestimenta, así como el apoyo psicosocial, socioeducativo y jurídico, la atención médica, los servicios de identificación y traducción, y la atención a perfiles vulnerables.
También se podrán costear a través de estos fondos las actuaciones de inserción sociolaboral, acceso a la vivienda, atención psicosocial y orientación jurídica de migrantes que hayan cumplido la mayoría de edad y no estén ya tutelados por la administración.
Este real decreto contempla una serie de garantías de control, justificación y calidad, como la exigencia, por parte del Gobierno, de una memoria técnica e informes de intervención autonómica que acrediten el destino de los fondos.
El Ejecutivo también solicita una evaluación específica del impacto en la igualdad entre estos niños, con estadísticas, actuaciones realizadas y acciones positivas atendiendo a edad y género, así como el cumplimiento de las finalidades de la subvención como el apoyo al acogimiento familiar, la lucha contra la pobreza infantil o los programas de transición a la vida adulta.
Auditorías y comprobaciones técnicas
La norma habilita al Ministerio y a otros organismos como la Intervención General del Estado y el Tribunal de Cuentas a realizar auditorías y comprobaciones técnicas, exigiendo la conservación de toda la documentación justificativa para garantizar que la cuantía se destina exclusivamente al objetivo marcado: la protección integral y digna de la infancia migrante.
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, considera que esta transferencia evidencia el «compromiso del Gobierno de España con los derechos de la infancia migrante no acompañada y con los territorios de llegada, como Canarias» y lo considera «una responsabilidad y una obligación legal de todas las administraciones», según recoge el comunicado.
La ministra también ha destacado la «responsabilidad directa y creciente» asumida por su departamento en la protección de estos menores, la multiplicación de la inversión pública la mejora de los mecanismos de acogida
