El presidente de CEOE-Tenerife propone un pacto de productividad que incluya el «absentismo no justificado», mientras UGT exige al Gobierno cumplir sus promesas sociales para estampar su firma en la nueva subida salarial
El presidente de CEOE-Tenerife, Pedro Alfonso, se opone a debatir la posible subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) «a golpe de oportunidad política» y propone «poner sobre la mesa» un pacto de productividad que incluya el «absentismo no justificado».
La patronal ha cargado también contra los «sobrecostes» que sufren las empresas ya que se incrementan las cotizaciones sociales y hay que pactar salarios en los próximos convenios «cuya base imponible va a ser ya con el salario mínimo interprofesional incrementado».
Asimismo ha indicado que «no tiene mucha razón» que el Gobierno central debata «si se aplica fiscalidad o no» a esa subida de los salarios y sostiene que se está «cargando a la espalda de las empresas y sobre todo de las pymes una situación prácticamente inasumible».
Alfonso ha advertido de que el impacto global en la agricultura y en las empleadas del hogar «va a ser dramático porque se van a ajustar empleos debido a unos sobrecostes que no pueden ni asumir el mercado ni los márgenes empresariales».
En esa línea ha comentado que «las pymes no tienen tanta capacidad para absorber estos incrementos de manera sistemática, sin que eso promueva una situación a veces ya de falta de rentabilidad en las empresas».
Críticas a los incrementos del SMI
El presidente de los empresarios tinerfeños critica también la «forma de calcular» los incrementos del SMI porque «se aleja de la ortodoxia» aparte de que afectará a la renovación de los convenios colectivos, pues «encarece» los salarios más bajos y obliga a actualizar el resto de niveles por comparación.
Alfonso ha apuntado que tampoco están de acuerdo con la absorción de pluses, hasta el punto de que no descartan acudir a los tribunales. Y entiende que hay margen para mejorar la renta disponible de las familias a través de la bajada de impuestos indirectos, ya sea con el recorte del IGIC en Canarias o deflactando el tramo nacional del IRPF.
Igualmente ha solicitado una «política eficiente y suficiente» en vivienda orientada a las «rentas bajas» que no tienen capacidad de acceder con los precios actuales al mercado financiero.
«Nos atrevemos a poner encima de la mesa un discurso de si lo que hay que discutir en estos momentos en este país es un incremento del salario mínimo interprofesional o realmente si no estamos buscando una solución para encontrar empleo para todas las personas que la demandan», ha señalado.
UGT condiciona el pacto del SMI a la reforma del registro horario y del despido
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha vinculado directamente la negociación del Salario Mínimo Interprofesional a otros compromisos pendientes. El líder sindical advirtió este jueves que «no firmarán más acuerdos» si el Ejecutivo no cumple lo pactado. La organización exige que la subida del SMI no llegue sola en este ciclo político. UGT reclama la aprobación inmediata del decreto para reformar el registro horario.
Álvarez calificó como «absolutamente prioritaria» la norma que debe regular la jornada de trabajo. El sindicato denuncia que miles de trabajadores sufren abusos constantes en sus horarios laborales. Según el dirigente, el Gobierno mantiene esta ley guardada «en un cajón» para evitar incomodar a ciertos sectores. UGT no aceptará que la protección del tiempo de trabajo se dilate más en el tiempo.
Protección de los pluses y contratos públicos
Otro eje fundamental para el sindicato es evitar la absorción y compensación de pluses. Muchos perceptores del SMI ven cómo sus complementos desaparecen al subir el salario base. UGT exige un decreto que impida esta práctica en los convenios colectivos actuales. El Ministerio de Trabajo propuso ayer un incremento del 3,1 por ciento para el nuevo año. Esta cifra situaría el sueldo mínimo en 1.221 euros brutos mensuales.
El sindicato también demanda cambios en las reglas de desindexación de los contratos públicos. Álvarez explicó que las empresas privadas con servicios públicos no pueden asumir las subidas. Si la administración no permite revisar los precios, los convenios colectivos resultan imposibles de cumplir. El líder de UGT considera urgente que Hacienda explore fórmulas para facilitar estos incrementos salariales.
Reformas inminentes y financiación legal
Respecto al coste del despido, el sindicato presentará sus propuestas para cumplir con la normativa europea. Álvarez instó a la patronal a participar, pero avisó que avanzarán sin ellos. La reforma de la ley de prevención de riesgos también debe salir adelante de forma inmediata. El dirigente advirtió que estos temas «no se pueden dilatar más» a pesar de las reticencias empresariales.
Finalmente, Pepe Álvarez reclamó una ley para financiar la negociación colectiva en España. El sindicato pone en valor su papel en la firma de convenios para todos. Actualmente, solo los afiliados sostienen económicamente una labor que beneficia al conjunto de la sociedad. UGT cuenta hoy con casi 109.000 delegados sindicales para defender estas posiciones en las mesas de diálogo.
