El cese de esta profesora con discapacidad visual se produjo en un colegio del municipio tinerfeño de La Orotava
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERM) pidió este martes al Gobierno de Canarias a establecer criterios «claros y transparentes» para garantizar que no se produzcan casos de discriminación hacia personas con discapacidad en el acceso a la función pública.
Este llamamiento se produce tras el reciente caso de Uxía García, profesora con un 66% de discapacidad visual, quien tras superar las oposiciones al Cuerpo de Maestros en Canarias en 2024, fue declarada «no apta» para ejercer funciones de Pedagogía Terapéutica por la Inspección Médica.
García, que ya había trabajado en el Colegio de Educación Infantil y Primaria Domínguez Alfonso de La Orotava, enfrentó un cese cautelar que ha sido revertido temporalmente gracias a la intervención de la Consejería de Educación, aunque no podrá ser declarada funcionaria hasta que se resuelva el proceso contencioso-administrativo.
Un caso de «discriminación flagrante»
CERMI Canarias considera en un comunicado que este caso refleja una «discriminación flagrante» hacia las personas con discapacidad. Además, esta situación contraviene la Constitución Española (artículos 14 y 49) y la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
En su opinión, la falta de protocolos «claros y objetivos» en los procesos de selección y evaluación genera situaciones de «discriminación y arbitrariedad, vulnerando el principio de igualdad de oportunidades».
Además, a pesar de lo estipulado en el Decreto 8/2011, de 27 de enero, que regula el acceso al empleo público de las personas con discapacidad, no se implementan los ajustes razonables necesarios para garantizar su desempeño laboral en igualdad de condiciones.
También se han detectado irregularidades en los criterios aplicados por la Inspección Médica, poniendo en riesgo los derechos de los aspirantes con discapacidad al ignorar informes médicos, administrativos y profesionales que avalan su capacidad, apuntan desde la organización.
Ante esta situación, CERMI Canarias solicita al Gobierno de Canarias crear un protocolo específico que regule los procesos de evaluación y selección para personas con discapacidad. Con ello se garantiza la igualdad de oportunidades y previenen discriminaciones.
Es importante establecer un canal de diálogo
Este protocolo debe incluir «criterios objetivos y ajustes razonables» en línea con los principios de la Convención de la ONU y la legislación vigente, apunta.
Asimismo, se propone revisar y actualizar las guías y normativas aplicadas por la Inspección Médica, para responder a las necesidades reales de las personas con discapacidad y respeten sus derechos.
CERMI Canarias también destaca la importancia de establecer un canal de diálogo efectivo entre la Consejería de Educación, la Consejería de Función Pública y las entidades que representan a las personas con discapacidad, para coordinar acciones y garantizar el cumplimiento de la normativa.
Paralelamente, señala que se debe ofrecer apoyo jurídico y administrativo a las personas afectadas, para asegurar su defensa en los procedimientos contenciosos administrativos que puedan surgir.
