El presidente de Canarias expuso en el Parlamento las propuestas contenidas en el ‘Decreto Canarias’ con el objetivo de tener también el respaldo de la oposición, que al final no consiguió
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha logrado solamente el apoyo de los grupos que respaldan al Gobierno regional para el denominado ‘Decreto Canarias’, pese a que pretendía también el respaldo de la oposición con el fin de tener «la fuerza necesaria» para negociar las demandas con el Ejecutivo central.
Clavijo reconoció que el planteamiento del Ejecutivo canario es «de máximos», y por eso pidió el apoyo de todo el Parlamento para negociar desde la fortaleza y conseguir al menos un porcentaje, por ejemplo el 40 por ciento.
PSOE y NC le reprocharon al presidente canario que haya transformado lo que se comenzó denominando un ‘Decreto Canarias’, cuyo objetivo sería un decreto para transferir las partidas previstas en la ‘Agenda Canaria’ ante la ausencia de presupuestos del Estado, en una «carta a los reyes magos» que persigue el enfrentamiento y el «teatro político» por interés electoral.
Por su parte, el portavoz de Vox, Nicasio Galván, definió el ‘Decreto Canarias’ como «una apuesta personal» de Clavijo «para sacarse una foto».
Clavijo confió en que el desacuerdo «se pueda reconducir» y aseguró que no existe ni «deslealtad» ni una «maniobra política», sino voluntad de negociar las demandas del decreto canarias, porque son un beneficio para la sociedad de las islas.
Un decreto con 50 medidas
El documento conocido como ‘Decreto Canarias’ contiene 50 medidas para la financiación de las islas y apoyar los servicios públicos ante la falta de presupuestos del Estado, junto a cuestiones adicionales como extender la deducción del 60% del IRPF a La Gomera y El Hierro, partidas para vivienda y empleo o la reconstrucción de La Palma, además de la participación del ejecutivo regional en nombramientos en organismos y empresas públicas dependientes del Estado.
Fernando Clavijo afirmó que todas las medidas del documento están incluidas en la ‘Agenda Canaria’, negociadas entre PSOE y CC para la investidura de Pedro Sánchez, en el Estatuto de Autonomía y en el presupuesto de 2023.
El presidente justificó la necesidad de esas medidas en que, aunque la economía canaria «va bien», esa prosperidad no llega a las familias, que pasan numerosas dificultades.
«Tenemos que negociar con el Gobierno de España y no sabemos qué porcentaje de éxito vamos a tener», dijo Clavijo antes de hacer un llamamiento al apoyo de todas las fuerzas políticas.
En particular pidió a PSOE, Nueva Canarias y Vox que den al Gobierno de Canarias la oportunidad de «negociar con fortaleza» porque será «un éxito de la sociedad canaria».
Rechazo al documento
Sebastián Franquis, portavoz del PSOE, dijo que su partido siempre ha tenido disposición al diálogo y recordó que el acuerdo alcanzado con el Gobierno de España era aprobar un decreto con los asuntos acordados en la ‘Agenda Canaria’ si no hubiera presupuestos del Estado.
Pero eso nada tiene que ver con el denominado ‘Decreto Canarias’ que ha remitido al Parlamento el Gobierno de Canarias, que incluye 28 artículos que nada tienen que ver con esos compromisos, expuso.
En todo caso, dijo Franquis, el Gobierno ha dejado claro que si hay asuntos que están fuera de la ‘Agenda Canaria, «está dispuesto a hablarlo», pero no a través de este instrumento que solo trata de «imponer un relato político».
El portavoz de Nueva Canarias, Luis Campos, también se mostró dispuesto a respaldar un decreto específico para Canarias con las partidas que deberían contemplar los presupuestos del Estado, pero reprochó al presidente que haya «pervertido» el proceso al plantear desde la demagogia y la frivolidad una «lista de los Reyes Magos» con demandas «elevadas a la máxima potencia» ajenas a la ‘Agenda Canaria’.
Según Campos, el objetivo del Gobierno de Canarias es generar confrontación política para desviar la atención, porque el 95% de sus demandas son de su competencia y no las está ejecutando con éxito.
El portavoz de Vox, Nicasio Galván, reconoció que el decreto tiene cosas buenas, pero recordó a Clavijo que su Gobierno no ejecuta todo su presupuesto y le aseguró que solo con el 10% de los 12.500 millones de euros de que dispone «prácticamente cubriría todo lo que están pidiendo al Estado».
Galván dijo que el decreto mezcla cuestiones que no tienen sentido ni relación, como que el Gobierno de Canarias quiera nombrar al director de la Casa África, al delegado de la Zona Franca o a la dirección de Radio Televisión Española, y contiene peticiones para reducir la parte estatal del IRPF pero nada para la parte autonómica.
«Este decreto carece de autocrítica, no tiene un plan de ahorro real ni una eficacia en la gestión de los recursos públicos», afirmó Galván.
Apoyo de los grupos del Gobierno
Por los partidos que apoyan al Gobierno, José Miguel Barragán, de CC, manifestó que el ‘decreto Canarias’ es imprescindible ante la ausencia de presupuestos del Estado y criticó la postura de la oposición por abandonar el diálogo ofrecido por el ejecutivo autonómico.
Según Barragán, el Gobierno de Canarias presenta una «propuesta de máximos» para sentarse a negociar, por lo que instó a los grupos de la oposición a retomar el diálogo en favor de un «interés común y legítimo» para el archipiélago.
Luz Reverón, del PP, afirmó que el documento del Gobierno es serio, firme y con una financiación definida, y reprochó a la oposición que se oponga a medidas sociales directas como el transporte gratuito o las obras hidráulicas.
El portavoz de ASG, Casimiro Curbelo, defendió la estrategia del Gobierno de Canarias de presentar una propuesta de máximos y llamó a la unidad política para apoyar esta negociación con el Estado, que incluye demandas específicas para islas no capitalinas, como la bonificación del IRPF del tramo estatal a los residentes de El Hierro y La Gomera, tal como se aplica ya en La Palma.
Raúl Acosta, de AHI, también destacó las medidas para las islas no capitalinas, además de que se busca corregir «los incumplimientos» estatales cuanto a la agenda canaria, los presupuestos del Estado y el Estatuto de Autonomía.
