El Gobierno colombiano pone en marcha el plan con el objetivo de que miles de migrantes venezolanos puedan tener su tarjeta de identificación del Estatuto de Protección Temporal
Las autoridades de Colombia, principal país receptor de la migración venezolana, han comenzado a regularizar la situación de más de un millón de personas procedentes del país caribeño.
«Ya tenemos en este momento más de un millón de migrantes que empezaron con el pre-registro virtual y que ya tienen hoy reconocimiento biométrico», ha confirmado el presidente colombiano, Ivan Duqué, en un mensaje televisado.
Tras reunirse con el enviado especial del secretario de la ONU para los migrantes venezolanos, Eduardo Stein, que se encuentra actualmente en Bogotá, Duque ha señalado que ha presentado los últimos avances en relación con «la política del Estatuto de Protección Temporal» para los venezolanos, que suman casi dos millones en el país, según informaciones de la emisora Blu Radio.
«Este mar humano que estalló de pronto hacia toda la región y que América Latina en su conjunto no lo esperábamos, está, en efecto, encontrando caminos creativos, eficaces, oportunos, realistas y apegados a las necesidades de la gente», ha aseverado Stein. Para él, Colombia ha mostrado un «camino fecundo y promisorio», por lo que confía en que en pocos meses se obtengan resultados en otros países de la región.
Estatuto de Protección Temporal
El objetivo del Gobierno es lograr que miles de migrantes venezolanos tengan «su tarjeta de identificación del Estatuto de Protección Temporal. Con ello, ha explicado Duque, se busca regularizar y garantizar el acceso de esta población a los «servicios básicos del Estado» y prevenir posibles casos de explotación laboral.
Además, las autoridades podrán así llevar ante la justicia a aquellas personas que cometan delitos. «Hemos encontrado algunos casos en que se pueden cometer violaciones a la ley, y por no tener el proceso de regularización esto termina llevando a que no se pueda aplicar la condena o la sanción drástica que corresponde», ha manifestado.
«Así se valida la posición del Estado donde tenga que intervenir con sanciones a conductas contrarias a la ley», ha recalcado el mandatario, que ha señalado que presentará los avances cosechados en la próxima Asamblea General de la ONU, que comenzará el 14 de septiembre.
