La entonces directora de Recursos Económicos del SCS se justificó argumentando que ya está siendo investigada en un proceso penal
Este lunes, Ana María Pérez Afonso, exdirectora de Recursos Económicos del Servicio Canario de la Salud, ha decidido no declarar ante el Parlamento de Canarias. Pérez Afonso enfrenta acusaciones de prevaricación en el llamado ‘caso mascarillas’, donde se investiga la compra de un millón de mascarillas que nunca llegaron a la isla.
Afonso se acogió a su derecho a no declarar
Con su negativa a declarar, Pérez Afonso se justificó argumentando que ya está siendo investigada en un proceso penal. «Me acojo a mi derecho a no declarar, dado que estoy siendo investigada en un proceso penal sobre estos mismos temas y asuntos», sostuvo ante los parlamentarios. La fiscalía le atribuye haber aprobado un gasto de cuatro millones de euros para la compra de mascarillas bloqueadas por Aduana, ya que resultaron ser falsificadas.
Se adjudicó la compra a una empresa de compraventa de coches
En el epicentro de la controversia está la empresa RR7, a la que se adjudicó la compra y que se dedica a la compraventa de coches. El entonces director del Servicio Canario de Salud (SCS), Conrado Domínguez, también está imputado en esta investigación. Durante su intervención, Fernando Enseñat, diputado del PP, presionó a Pérez Afonso para que aclarara los detalles de la contratación. Enseñat sugirió que otros la consideran el «eslabón más débil de la cadena» y añadió que posiblemente buscan convertirla en «cabeza de turco» de este caso.
El diputado detalló que las adquisiciones durante la pandemia en Canarias alcanzaron hasta 90 millones de euros, de los cuales 22 millones están bajo sospecha. Estas sospechas recaen en compras de empresas como RR7, Soluciones de Gestión y Mega Labs. En la misma línea, José Alberto Díaz-Estébanez, de Coalición Canaria, insinuó que Pérez Afonso pudo haber sido «pieza clave» en el engranaje, pero no la «pieza motora». Le pidió reflexionar sobre quién podría ser responsable del caso y señaló que alguien «metió la mano».
«Adquirir mascarillas era una necesidad urgente»
Además de Pérez Afonso, comparecieron otros exfuncionarios relacionados con la pandemia. Tomás Morales López, exsecretario general técnico de la Consejería de Sanidad, aseguró que no participó en las decisiones de contratación y defendió que adquirir mascarillas era una necesidad urgente en abril de 2020. En esa ocasión, la Consejería de Sanidad pagó cinco millones de euros por dos millones de mascarillas, aunque un 30% resultó defectuoso. Morales declaró que no participó en la compra que hizo la Dirección General de Asuntos Económicos, que ya en ese momento estaba dirigiendo el Área de Salud de El Hierro.
Alberto Mario Pazos Astrar, quien dirigió el Servicio Canario de Salud (SCS) por un corto período en 2020, también compareció. Según Pazos, durante su mandato no se hicieron compras de material sanitario, ya que el abastecimiento era suficiente en ese momento. Aunque reconoció que Conrado Domínguez, coordinador del comité de expertos en ese entonces, mantenía reuniones con empresas y hacía propuestas de contratación, afirmó no haber tenido contacto directo con él. En el comité de emergencia, indicó Pazos, no se discutía sobre las empresas contratadas.
