Consumo ha abierto una investigación a las grandes empresas que administran pisos turísticos por incurrir en «prácticas engañosas» y otras infracciones de ley
Consumo ha abierto una investigación a las grandes empresas que gestionan y administran cientos de pisos turísticos en distintas comunidades autónomas, ya que podrían estar incurriendo en «prácticas engañosas» y en otras infracciones de la ley para la defensa de los consumidores.
Esta nueva investigación, según fuentes del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, se centra en operaciones de pisos turísticos que, aún teniendo licencia, podrían estar siendo gestionados de forma irregular por empresas de intermediación que trabajan en diferentes lugares de España.
La misma ley menciona algunos supuestos que se considerarían «engañosos», como por ejemplo afirmar de forma fraudulenta o crear la impresión falsa de que un empresario o profesional no actúa en el marco de su actividad empresarial o profesional, o presentarse de forma fraudulenta como un consumidor o usuario.
En octubre se detectaron «prácticas abusivas contra inquilinos»
Por «prácticas engañosas» se entiende cualquier conducta que contenga información falsa o que, aun siendo veraz, por su contenido o presentación induzca o pueda inducir a error a los destinatarios, siendo susceptible de alterar su comportamiento económico, tal y como explica la ley de competencia desleal.
Esta es una nueva investigación del ministerio que dirige Pablo Bustinduy, a través de la Dirección General de Consumo, sobre los conocidos como pisos turísticos que se suma a la que ya abrió en junio.
En esa ocasión se examinaron los anuncios que publican algunas plataformas para ofertar este tipo de viviendas como enclaves turísticos sin disponer de licencia para ello, una práctica que también supondría una infracción de la ley de defensa de los consumidores.
El pasado mes de octubre los técnicos de la referida Dirección General examinaron algunas agencias inmobiliarias que podrían haber ejecutado «prácticas abusivas contra inquilinos en la gestión del alquiler«, según Consumo. Algunas de estas prácticas van desde obligar a los consumidores a pagar una comisión por la gestión del arrendamiento, a firmar contratos temporales sin justificar la temporalidad o a aceptar cláusulas irregulares en base a la normativa.
En Canarias hay 8 plazas de vivienda vacacional por cada 100 habitantes
Según el informe realizado por la Consejería de Turismo y Empleo de Canarias y la Universidad de La Laguna, Distribución y concentración del alojamiento turístico de Canarias, el Archipiélago contaba a finales de 2023 con 545.344 plazas turísticas, de las cuales 195.994 (un 36%) corresponde a vivienda vacacional.
Asimismo, la investigación arroja otros datos, como que el 71% de los propietarios de las viviendas registradas eran personas físicas o que en Canarias hay 8 plazas de vivienda vacacional por cada 100 habitantes.
Tal y como concluye el estudio, el debate sobre la regulación de la oferta de alojamiento turístico «está abierto en Europa y en el mundo como consecuencia del rápido crecimiento de la oferta vacacional» y «debe regularse para evitar tensiones», ya que el crecimiento de la vivienda vacacional «apenas ha estado limitado» en materia legislativa.
