El sindicato critica la externalización del servicio de auxiliares educativos en Canarias, denuncian el gasto de ochenta millones en empresas privadas
El sindicato CSIF acusó este viernes a la Consejería de Educación de privatizar servicios esenciales. El Gobierno autonómico usará la nueva ley educativa para externalizar el trabajo de los auxiliares. Esta maniobra consolida una inversión millonaria a favor de entidades privadas hasta el año 2029.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) emitió un duro comunicado contra la Consejería regional de Educación. El consejero Poli Suárez presume actualmente de cifras históricas de inversión e inclusión educativa. Sin embargo, el sindicato denuncia la consolidación de un modelo completamente privatizador.
Consecuencias de la externalización
El sindicato plantea en su comunicado que, «mientras el consejero Poli Suárez presume de cifras históricas de inversión e inclusión educativa, el Gobierno de Canarias acaba de comprometer cerca de 80 millones de euros para mantener externalizado el servicio de auxiliares educativos hasta 2029«.
Algo que supone «la consolidación de un modelo de privatización de servicios esenciales para la atención del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE)«, puesto que «se destinan casi 80 millones de euros a empresas privadas para gestionar un servicio que debería prestarse directamente desde la Administración pública» y, además, de forma deficiente, sostiene.
CSIF argumenta que «los auxiliares educativos son una pieza imprescindible para garantizar la autonomía, la seguridad y la participación del alumnado con discapacidad y otras necesidades educativas especiales», pero que su función queda mermada por esa contratación indirecta.
Problemas del modelo privado
Por un lado, el modelo sufre problemas recurrentes como la insuficiente formación específica y la alta rotación. También genera una preocupante precariedad laboral entre todos los trabajadores del sector educativo.
El sindicato acusa a la Consejería de estar «apostando por empresas privadas en lugar de crear empleo público estable y profesionalizado«, y además, con un coste, según afirma, superior.
El negocio de la inclusión
Finalmente, CSIF advierte que una parte importante de los recursos públicos financia estructuras empresariales. Estos importantes fondos públicos generan beneficios privados en lugar de mejorar la atención escolar.
En este sentido, la organización subraya que la inclusión escolar nunca puede operar como un negocio lucrativo. El Gobierno debe destinar los recursos íntegramente a mejorar el sistema educativo de las islas.
Para concluir, el sindicato sentencia de forma muy clara y directa esta situación: «la inclusión no puede ser un negocio. Los derechos del alumnado NEAE no pueden depender de contratos privados».
