La consejera de Bienestar Social ha presentado en comisión parlamentaria el Decreto para agilizar el reconocimiento de discapacidad que ha contado con el apoyo de cinco cabildos y la abstención del PSOE
La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, ha presentado en comisión parlamentaria los detalles del Decreto ley que regula los procedimientos para la valoración y calificación del grado de discapacidad en Canarias.
El Decreto-ley 4/2025, de 29 de julio, agiliza los trámites para solicitar este reconocimiento evitando que los usuarios se desplacen. Además, amplía hasta los 18 años la edad para una valoración en los menores.
Los representantes de los cabildos de La Palma, La Gomera, Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife han dado este jueves su respaldo, mientras, el PSOE, ha preferido la abstención.
Alegaciones del PSOE
En la comisión general de Cabildos Insulares del Parlamento de Canarias, el PSOE ha criticado que «se mezcle el drama» de las personas discapacitadas y sus familias con el salario del nuevo director del Servicio Canario de la Salud.
Una cuestión que también ha compartido la diputada de Vox, Paula Jover, quien ha calificado de «artimaña» esta disposición adicional del decreto.
En cambio, los consejeros de los cabildos de Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera y Tenerife han aplaudido el decreto, que entre otras novedades permitirá aportar un catálogo de patologías con un determinado grado de discapacidad, de manera que si se acredita una de las enfermedades listadas se podrá realizar un informe sin necesidad de una valoración presencial.
Candelaria Delgado ha subrayado que se ha aumentado la ventana de acceso a la atención temprana, que hasta ahora iba de los 0 a los 6 años, y que ahora pasa hasta los 18 años. Una cuestión que también tendrá en cuenta los aspectos sociales graves.
Posiciones de los cabildos
Aprobado el pasado 29 de julio en el Consejo de Gobierno, Delgado ha admitido las demoras que ha tenido el procedimiento de reconocimiento de la discapacidad.
El consejero de Aguas, Educación, Juventud y Sector Primario del Cabildo de Fuerteventura, Adargoma Hernández, ha afirmado que es «un documento histórico» que viene a dar respuesta a las demandas y quejas de las personas discapacitadas y de sus familias.
Por su parte, el vicepresidente primero y consejero de Régimen Interior y Patrimonio del Cabildo de La Gomera, Adasat Reyes, ha valorado que se abra la posibilidad a que las corporaciones insulares, vía decreto, puedan gestionar de forma directa este servicio y así contribuir a evitar «desplazamientos innecesarios».
El consejero de Bienestar social e inclusión del Cabildo de Lanzarote, Marciano Acuña, ha aplaudido que el nuevo decreto «otorga derechos y reconoce una realidad que se está vulnerando al tardar tanto tiempo en dar ese reconocimiento», y ha expresado igualmente la voluntad de cooperación de esta institución.
La responsable de Acción Social, Igualdad, Diversidad, Vivienda y Salud en el Cabildo de La Palma, Ángeles Fernández, ha agradecido por su parte este «salto cualitativo» que «moderniza los procedimientos, reduce la burocracia y habilita a los cabildos como aliados».
Águeda Fumero, titular del área de Acción Social del Cabildo de Tenerife, se ha referido al nuevo decreto como «un logro muy importante para garantizar derechos» a las personas discapacitadas y a sus entornos, que «merecen tiempos dignos, procesos comprensibles y respuestas eficaces».
Reacciones de los diferentes partidos políticos
En el turno de intervenciones de los grupos parlamentarios, Melodie Mendoza, de ASG, ha significado que el nuevo decreto «da respuesta urgente a un problema histórico, con una visión moderna, sensible y profundamente social», según el cual «se coloca casi por primera vez a las personas en el centro y la burocracia pasa, por fin, a un segundo plano».
Juan Manuel García Casañas, diputado del PP, ha augurado «un antes y un después» en la atención a las personas discapacitadas y Yonathan Martín, de CC, «un cambio drástico» en el sistema de reconocimiento que acabará con «injustas esperas».
Paula Jover, de Vox, ha cuestionado que el plan de actuación urgente contenido en el decreto no vaya acompañado de ficha financiera y Esther González, de Nueva Canarias, se ha preguntado qué pasará cuando concluya el periodo de contratación de ese personal.
González ha indicado que el decreto «nace de la urgencia de un problema agravado por la desidia» del actual Gobierno de Canarias, que ha «permitido» que las listas de espera hayan llegado hasta los 27.000 expedientes, y que tiene la impresión de que la consejera pretende dar a entender que «nada tiene que ver con este colapso».
Elena Máñez, del PSOE, ha indicado que este decreto deviene del real decreto ley 888/2022, que contiene «muchas» de las novedades de las que presume la consejera, y ha advertido de que «no se resolverán los problemas estructurales si no hay equipos estables».
